* El recién publicado Informe de Rentas Mínimas de Inserción demuestra el aumento de la pobreza y la inversión insuficiente: 48.481 familias están a la espera.

* La cuantía mensual va de los 300 euros en Murcia y Ceuta a los 662 del País Vasco.

* El Consejo General del Trabajo Social reclama una Ley Estatal que garantice la igualdad del acceso a estas ayudas y lime las diferencias abismales entre comunidades autónomas.

El Consejo General del Trabajo Social, que representa a unos 40.000 trabajadores y trabajadoras sociales de toda España, denuncia cómo el Informe de Rentas Mínimas de 2013, que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, muestra el empobrecimiento de la población y la insuficiente financiación. En 2013, los últimos datos disponibles, aumentó en un 18,89% el número de titulares de la ayuda, que ascendió a 258.408 personas (141.528 mujeres y 116.880 hombres). El número de beneficiarios es mayor (637.573 personas), ya que las ayudas se dan por unidades familiares. Desde 2002, el número de titulares se ha multiplicado por más de tres, pasando de 82.354 a 258.408 personas.

En contraste con este crecimiento, la cuantía de las ayudas ha descendido en un 0,5%, situándose de media en 418 euros mensuales. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el IPC aumentó de 2012 a 2013 un 0,3%, lo cual agrava el descenso en la cuantía que se percibe.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que un total de 48.481 personas están a la espera de recibir la ayuda. Todos estos datos muestran que la financiación, pese a haber aumentado un 21% de media estatal en esta partida, es insuficiente.

Las diferencias entre comunidades autónomas son abismales. Por ejemplo, en Murcia y Ceuta, sólo se dan 300 euros, mientras en el País Vasco se dan 662 euros al mes. También en Euskadi tienen la mayor tasa de cobertura, de 34 por cada 1.000 personas, frente al 0,62 en Castilla-La Mancha. La diferencia aquí es abismal. Un año más, el Ministerio de Sanidad hace hincapié en la dificultad de recoger los datos pormenorizados por parte de las comunidades autónomas, quienes tienen la competencia en la materia. De hecho, en algunos puntos del informe no figuran datos de todas las autonomías. El Consejo General del Trabajo Social lleva años reclamando una Ley Estatal sobre la materia.

Perfil de beneficiarios

Ana Lima destaca como “significativo” que el perfil mayoritario de beneficiarios de estas ayudas sea de personas de entre 35 y 44 años, con estudios primarios y una vivienda alquilada y en situación de convivencia biparental. “Es significativo porque constata lo que venimos diciendo desde que empezó la crisis, que las personas más castigadas son familias de clase media con hijos a su cargo”, destaca Ana Lima.

Las rentas mínimas de inserción las dan las autonomías a las personas que han dejado de tener ingresos. Las perciben durante varios meses, dependiendo del caso y de la comunidad. En un segundo nivel, existen ayudas económicas de emergencia, que a diferencia de las primeras, se conceden en momentos puntuales, cuando las familias ya no tienen para pagar, por ejemplo, el agua o la comida.

Ayudas económicas de emergencia

También el aumento de estas ayudas muestra el empobrecimiento de la población: de 2012 a 2013 se ha pasado de 351.926 a 441.155 ayudas. La mayoría también aquí se dan a mujeres (235.940 son mujeres y  202.707 son hombres). Así, el número de benefactores ha aumentado en un 25%. En este caso, la inversión ha aumentado un 30%, de 89,9 a 117,6 millones. “Aun así, no es suficiente para abordar la demanda y la necesidad social que vemos a diario en la red pública de servicios sociales”, denuncia Ana Lima.

Reforma de la Administración Local

Finalmente, el Consejo General del Trabajo Social recuerda que la gestión de estas prestaciones se lleva a cabo por parte de las autonomías y de los ayuntamientos, cuyos servicios sociales municipales son quienes reciben a las familias y realizan el seguimiento. “¿Cómo se van a conceder y hacer seguimiento de estas ayudas cuando entre en vigor la reforma de la Administración Local?”, critica Ana Lima. El Consejo General del Trabajo Social lleva más de un año denunciando que la reforma, que entrará en vigor en enero de 2016, significará la supresión de los servicios sociales de los municipios más pequeños, precisamente, los más cercanos a la ciudadanía.