El CGTS denuncia el desmantelamiento de los servicios sociales en un acto de Equo

Ana Lima participó, junto al portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez-Bayle e Isabel Campo, en representación de la Marea Verde, en la mesa redonda titulada “Las mareas del cambio”. El debate, moderado por el subdirector de www.eldiario.es, Juan Luis Sánchez, sirvió para analizar el estado de tres sistemas clave del estado de Bienestar: la educación, la sanidad y los servicios sociales.

Ana Lima explicó cómo el valor de la marea naranja es que la forman varias organizaciones, no sólo trabajadores y trabajadoras sociales, también otras profesiones de lo social, como educadores y educadoras sociales, las plataformas de la dependencia y la ciudadanía en general.

“Para nosotros era muy importante establecer un color e identificarnos. Cuando se hablaba de servicios sociales se identificaban con la educación, la sanidad y las pensiones”, explicó. “Elegimos el naranja porque muchas plataformas de la dependencia ya salían a la calle con camisetas de este color”, justificó Lima.

Desmantelamiento de la red pública
La presidenta del CGTS hizo un recorrido al desmantelamiento que están sufriendo los servicios sociales, al tiempo que desgranó las amenazas futuras que se ciernen sobre el sistema. “En 2007 se iniciaba por primera vez un camino de reconocimiento de derechos subjetivos. Nadie garantizaba los servicios sociales como derecho.
Tampoco había una ley marco. Había leyes autonómicas y en algunas comunidades sí se reconocía el derecho a la atención de una trabajadora social”, comenzó su relato. Ana Lima prosiguió repasando cómo la profesión vivió esperanzada la aprobación de la Ley de Dependencia y de 13 nuevas leyes de servicios sociales, las llamadas de tercera generación.

La irrupción de la crisis
“Pero llegó la crisis”. Lima detalló cómo a partir de ese momento se ha ido retrocediendo en derechos sociales. Se frenó la ley de dependencia y todas las expectativas se quedaron paradas. Por otro lado, esas 13 leyes tampoco se desarrollaron ni se diseñó una cartera de servicios. “En la práctica no han garantizado nada”, denunció Lima.

A todo ello, hay que sumar los recortes presupuestarios sucesivos y la reforma de la Administración Local. Ana Lima justificó la oposición de la organización colegial del trabajo social a esta ley, que a partir del 1 de enero de 2016 prevé traspasar las competencias municipales de servicios sociales a las autonomías, en situación de déficit. Para el CGTS, la consecuencia indirecta será la pérdida del sistema de atención municipal, con el necesario factor de cercanía a la ciudadanía. “Como no hagamos algo, me temo un futuro muy malo para los servicios sociales”, insistió Ana Lima, que reclamó que se ponga el foco sobre la precaria situación de los servicios sociales.

El papel del tercer sector
El debate cada vez más visible entre la coexistencia y el papel de las ONG respecto a la red pública de servicios sociales abrió el turno de preguntas. Ana Lima aseguró que “vivimos una situación de emergencia social” y defendió que el modelo a seguir no es el que más se está extendiendo: “No se trata de apadrinar, de dar a un niño de desayunar. El bien hay que hacerlo bien. Hay que plantearlo. Necesitamos una estrategia clara”, exigió. En este sentido, Lima explicó cómo la organización colegial solicita una reforma de la Constitución para que reconozca los servicios sociales como derecho.

La realidad es que este derecho a la asistencia se está cambiando por la caridad, denunció Lima. “Incluso muchos políticos no están dando protagonismo a los servicios sociales y se dan ayudas a ONG como Caritas o Cruz Roja. Veo bien que esto se haga en un momento crucial, pero no que se deje de lado la atención pública. Lo mismo ocurre con el perfil de quienes dan esa atención, se funciona con voluntariado. No todo vale”, prosiguió. Lima exigió que “hay que aclarar que la atención se debe dar desde lo público y el resto debe ser complementario. Si se están vulnerando derechos humanos en España, no se pueden garantizar a través del tercer sector”, denunció. Lima se refirió a las ayudas al tercer sector como “un caramelo envenenado”, porque son ayudas puntuales que tan pronto se dan como se retiran en unos meses o en un año. Si se desmantela la red pública y el tercer sector depende de estas ayudas tan inestables, al final, la atención a las familias está en la cuerda floja.

Ana Lima también expuso como el plan sociosanitario que prepara el Gobierno “encierra peligro de privatización”. Lima explicó como precisamente es en el sector de la dependencia sobre el cual planean las aseguradoras. “La dependencia es objeto de mercado”, denunció. Lima reclamó un sistema universal, no unos servicios sociales para pobres y lamentó la falta de atención que se presta al sistema público de servicios sociales “Nos sentimos huérfanos”, lamentó.