En España hay 200 empresas de inserción, donde encuentran trabajo personas en riesgo de exclusión y con discapacidad. Buscan sus nichos de mercado allá donde no llegan las grandes compañías. El mundo rural y la atención a los dependientes pueden ser una oportunidad para que estas compañías encuentren acomodo.

Los servicios sociales impulsados por la Ley de Dependencia, nadie lo puede negar, ofrecen grandes oportunidades para generar empleo estable que pueda contribuir al desarrollo económico y social del país. Más de medio millón de personas y sus familias son ya beneficiarios que en algo han mejorado su calidad de vida, aunque, eso sí, otro cuarto de millón espera (y desespera) para ser atendido.

La expresión gasto social sugiere que todo recurso que se destina a ello debe considerarse a fondo perdido. No se justifica en rentabilidades de carácter económico o productivo, sino en valores de solidaridad o la necesidad de cohesión social. Estas consideraciones adquieren más relevancia cuando se trata de atender a las personas más necesitadas, por sus dificultades de autonomía personal, de convivencia familiar o de integración social.

La descentralización es locomotora del Estado de bienestar, pero los solapamientos y algunas decisiones cuestionan su eficiencia - La merma de ingresos públicos tras la crisis obliga a los gobiernos regionales a priorizar