Desde que se puso en marcha La Ley de Dependencia en todo el territorio nacional la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración tomó las medidas necesarias para dar respuesta a los ciudadanos, medidas adoptadas en base a los datos que nos aportó el Ministerio en el Libro Blanco y que establecía para esta Región un máximo de 5.500 grandes dependientes y de un máximo, por tanto, de 10.000 solicitudes.

Se creó la Oficina para la Dependencia para afrontar las previsiones del Ministerio. Pues bien, a fecha hoy tenemos 51.976 solicitudes presentadas, de las cuales hemos resuelto 45.826 (88,17%) con la resolución del grado de dependencia. El 74,28% de estas personas, un total de 32.165, tienen grado protegible (74,28%); de ellas 21.535 son grandes dependientes, cuatro veces más que las previsiones del Gobierno. Hay que destacar la rapidez en las resoluciones de valoración (véase informe de la Fundación Caser), siendo, si no la primera Comunidad en resolver la valoración, sin duda sí de las primeras. Esto significa que las personas una vez reconocidas como dependientes ya tienen el derecho a recibir las prestaciones, aunque fallezcan, no como en otras comunidades autónomas en las que no se les devengan a los herederos las ayudas económicas si la persona dependiente ha fallecido antes de que se le resuelva la prestación (más de 600 familias ya han recibido las ayudas por herederos). A fecha de hoy, los murcianos con grado de dependencia protegible están recibiendo 19.541 prestaciones (60,75%).

La Región está, por tanto, en la media a nivel nacional, según los datos contrastados con el IMSERSO en cuanto a prestaciones asignadas y por encima de la media, en cuanto a valoraciones de grado. Prueba de ello es el reparto del nivel acordado; o de los criterios del reparto de la financiación autonómica, donde Murcia recibe más presupuesto del que le correspondería según la media de población.

Y todo esto sucede porque esta Comunidad Autónoma está cumpliendo con los tiempos que marca La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC). Este tiempo administrativo, de 6 meses en total para las dos fases o procedimientos, se viene aplicando en nuestra Región, lógicamente y como explica La Ley en su Art. 42.5. apartado c), cuando se dispone de la documentación precisa. Los retrasos que se comentan van más en la dirección de requerimiento de documentación y tiempos de recepción de los mismos. De las 13.000 personas más que tienen derecho, en la Oficina a fecha de hoy tenemos unos 4.500 expedientes completos que se vienen resolviendo en el plazo de tres meses que marca La Ley. Por tanto, Murcia cumple con el Acuerdo del Consejo Territorial. Prueba del buen funcionamiento administrativo es que apenas se han presentado 30 reclamaciones al Defensor del Pueblo, de las 45.826 resoluciones de grado y sobre las 19.541 resoluciones de prestaciones, lo que supone el 0,04% de reclamaciones a las resoluciones de la Oficina de la Dependencia. Hasta ahora, el Defensor del Pueblo nos ha respondido a las primeras siete quejas una vez estudiadas por su Oficina, diciendo «… Que de dicha investigación no se desprende vulneración de los derechos, libertades o principios…».

Tema fundamental desde que la Ley se puso en marcha es el de la financiación; desde esta Consejería se viene manteniendo que el modelo de financiación actual es insostenible en el tiempo, y que hay que buscar nuevas fórmulas que den la suficiente estabilidad y sostenibilidad al sistema. Además, debe repartirse el peso del coste de la aplicación de la Ley a partes iguales entre Comunidad y Estado, no como ahora. Para ello se ha solicitado desde el comienzo una revisión, tanto del nivel mínimo de protección que aporta el Estado por persona dependiente y mes, como del nivel acordado. El nivel mínimo debe de ir acorde con la prestación que se le asigne al ciudadano y no una cantidad fija.

Otra cosa distinta es que el Estado aporte lo que le corresponde según el actual sistema, que lo hace, así como también lo están haciendo con más peso las comunidades autónomas.

Todas estas conclusiones en cuanto a financiación coinciden con el informe de los expertos encargado por el propio Gobierno. Dicho informe viene a decir que el modelo de financiación no es suficiente, que hay que buscar nuevas vías de financiación para que den estabilidad, que el reparto del gasto recae en mayor proporción sobre las comunidades. Señala así mismo que la normativa debería ser una sola para todo el territorio nacional, es decir, mismo co-pago, mismas intensidades y compatibilidades de los servicios y prestaciones económicas. Todos estos prinicipios han sido defendidos siempre por la Región de Murcia en todos los Consejos Territoriales.

Este informe de los expertos, presentado en el Congreso, elaborado después de un estudio profundo y conciso, contrasta con los informes que publican algunos medios del Observatorio de la Dependencia; informes que carecen de todo valor y rigor. Tanto es así que a esta Consejería todavía no se le ha recabado información alguna por estas fuentes en cuanto a solicitudes, resoluciones de grado, prestaciones, etc. Y es curioso que se hable de Murcia de manera claramente torticera respecto a los tiempos de resolución cuando no hay ninguna publicación oficial donde figuren los tiempos medios que tarda cada comunidad autónoma en resolver sus expedientes. Parece ser que para algunas personas tienen más valor los falsos Informes de un 'misterioso y desconocido' Observatorio de la Dependencia, que las declaraciones de dos ministras, la actual y la anterior, que felicitan a nuestra Región por su trabajo en el desarrollo de La Ley o de la vicepresidenta del Gobierno de España, que dijo en Valencia que la Región de Murcia era un ejemplo en aplicación de la Ley de Dependencia. Por cierto, en el acta de la Comisión Delegada de 18 de enero la actual directora del IMSERSO y presidenta de la Comisión dice textualmente «la presidenta informa que los datos que maneja el Observatorio no proceden del Ministerio, tal y como ya señaló la ministra respecto del Informe económico de dicho Observatorio», e indica que «el IMSERSO irá valorando los informes emitidos por dicho Observatorio como el mencionado informe económico que el Ministerio no da por válido,…».

Mientras tanto, el Gobierno de la Región de Murcia va a continuar trabajando para ir mejorando día a día la aplicación de la Ley y facilitando a los ciudadanos un acceso más rápido y eficaz a las prestaciones a las que tienen derecho.

La Verdad, sábado 20.02.10
MIGUEL ÁNGEL MIRALLES
Miguel Ángel Miralles es director de la Oficina de la Dependencia de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.