MANIFIESTO: ESCUDO SOCIAL, SÍ

Esta decisión política tiene consecuencias directas sobre miles de personas que van a ver cómo se debilita su protección frente a la pérdida de vivienda (decae la prórroga moratoria antidesahucios para hogares vulnerables), la pobreza energética (no se prorroga el bono social eléctrico y se podrán realizar cortes en los suministros) , la precariedad laboral, y el impacto de crisis sociales y económicas o catástrofes. Estas medidas tendrán graves consecuencias para la infancia y las familias.

Señalamos con claridad que la pérdida de vivienda, la inseguridad residencial o la imposibilidad de mantener suministros básicos como la electricidad o la calefacción inciden directamente en el bienestar físico y emocional de las niñas, los niños y adolescentes, en su salud, en su rendimiento escolar y en sus oportunidades de desarrollo. La pobreza infantil no es una consecuencia colateral: es una vulneración directa de sus derechos.

Desde una perspectiva de derechos, esta no aprobación, insistimos, supone un retroceso en la protección de las personas más vulnerables y abre una vía al incremento estructural de la pobreza y la exclusión residencial, así como también incrementará la brecha entre las distintas clases sociales.

Desde esta Corporación de Derecho Público venimos señalando que el escudo social no sólo es necesario, sino que, además, debería blindarse y consolidarse como un mecanismo estable que no esté sometido a ninguna prórroga. Reclamamos políticas públicas que blinden los derechos esenciales, sobre todo para las personas más vulnerables.

Consideramos que la respuesta política no puede consistir en este desmantelamiento de las medidas sociales y de protección a la ciudadanía, sino más bien, en avanzar con iniciativas como el escudo social estable, permanente y no prorrogable dotado de financiación y de profesionales como las y los trabajadores sociales.

Por todo lo expuesto, expresamos:

Nuestro profundo rechazo a la no aprobación de las medidas del escudo social y advertimos sobre el impacto negativo que va a tener en la ciudadanía, especialmente con la infancia, con las personas mayores, con las personas con discapacidad, con las familias monomarentales y , sobre todas aquellas que presenten situaciones de vulnerabilidad.

Nuestro reclamo es que el escudo social se blinde como una medida estructural y , que no se encuentre sujeto a la discrecionalidad política. Que se garantice el derecho a la vivienda. Que se garanticen unos ingresos y un empleo digno para todas las personas, que se garantice el acceso a los suministros básicos y , que se garantice una protección frente a crisis sociales y/ o económicas.

Y, por todo lo expuesto, instamos al Gobierno y a los diferentes grupos parlamentarios a que refuercen las garantías de protección social y que no permitan que ninguna persona quede en situación de desprotección. No dejar a nadie atrás debería ser la premisa.

Blindar el escudo social es blindar la cohesión social, la igualdad y el futuro colectivo. No dejar a nadie atrás debe ser más que un lema: debe convertirse en una obligación política y ética irrenunciable.