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En los países occidentales, tras la Segunda Guerra Mundial, la intervención del Estado fue decisiva en materias como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, gozando así los/as ciudadanos/as de unos niveles de bienestar hasta el momento no logrados. Esta intervención del Estado se centraba principalmente en el pleno empleo, un nivel mínimo de vida garantizado y servicios sociales universales.

En España los antecedentes más cercanos del Estado de Bienestar se sitúan en los años sesenta, destacando el importante peso del sector privado en la prestación de servicios sanitarios, educativos y sociales. Mientras que en 1957, Caritas Nacional crea la Sección Social con el claro objetivo de superar la beneficencia pública y desarrollar los servicios sociales; será en 1963 cuando la protección pública del Estado español cree el Sistema de la Seguridad Social con prestaciones básicas y complementarias, en las que se verán incluidos los servicios sociales y la asistencia social de la Seguridad Social.

Ha habido una evolución histórica en España en los términos utilizados y asociados al Bienestar Social, así como el desarrollo en las formas de intervención social y de afrontar los problemas sociales.

Se pueden distinguir diferentes fases o etapas sucesivas y coexistentess.

La primera fase se desarrolla fundamentalmente hasta la Edad Media y está basada en la caridad, siendo el concepto más antiguo, con una raíz religiosa. En gran parte las situaciones se abordaban intentando reducir sus manifestaciones más extremas, pero nunca abordando las causas que la ocasionaban. Esta situación se ponía de manifiesto, por ejemplo, en la legislación; la Novísima Recopilación o las Partidas, “que establecen que los Reyes, clero y prelados, tienen la obligación de atender a los pobres que acudan a ellos”.

La segunda etapa de la acción social es la beneficencia pública, cuyo origen se sitúa en el siglo XVI. Se trata de una organización o actividad que se concreta en el ofrecimiento de prestaciones en favor de los necesitados de forma discrecional y gratuita, financiada con fondos públicos y privados. Un rasgo esencial de la beneficencia es que no genera derechos; no existe derecho a obtener la prestación.

En los siguientes siglos parece haber una continuidad de la etapa anterior, aunque se empiezan a dar grandes cambios. El poder político (la Monarquía) amplía sus actividades, en materia de obras públicas, militar, sanidad, etc. y la pobreza empieza a ser un problema global de la sociedad española y de responsabilidad pública.

En el siglo XVIII, es una fase de intensa reforma y modernización en España, surgiendo una tercera etapa: la Asistencia Social. Se trata de un sistema público organizado de Servicios e Instituciones Sociales, destinado a la ayuda a personas y grupos en situación de necesidad. Supone el intento de superar la simple acción coyuntural, de cada caso concreto (propia de la beneficencia), y va dirigida a la atención de necesidades básicas y no de la mera indigencia.

En España, ya en el siglo XIX, coexistirán los conceptos de beneficencia y de asistencia social. Como consecuencia de las Cortes de Cádiz, se aprueba la Ley de Beneficencia de 1822 y, posteriormente, la de 1849. Pero en la segunda mitad del siglo, la cuestión social va a convertirse en asunto central, acelerándose el intervencionismo estatal en materia social. Un ejemplo fue la creación de la Comisión de Reformas Sociales en 1883, que estudiaba cuestiones relativas a los problemas sociales, y como resultado de su labor, se van a promulgar numerosas disposiciones en materia social, siendo la raíz de la legislación social y asistencial posterior.

A comienzos del siglo XX, se creará el Instituto de Reformas Sociales, el Instituto Nacional de Previsión, comienzan los Seguros Sociales y la posterior aparición de la Seguridad Social como sistema público organizado de protección social. Por tanto coexisten en España en esta época, la Beneficencia, la Asistencia social, los Seguros Sociales y la Seguridad Social.

El Estado del Bienestar aparecerá también después de la Segunda Guerra Mundial, otorgando un papel creciente a los Servicios Sociales, pero orientados ya hacia la prevención y a la calidad de vida de la ciudadanía. Es a partir de los años 70, cuando la intervención del Estado en aras de un mayor bienestar social de los/as ciudadanos/as se hace más evidente; sobre todo con la implantación de la Ley General de Educación de 1970 (Ley Villar Palasí) y la Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora de la Seguridad Social de 1972.

Los Servicios Sociales evolucionaron en estos últimos años. El primer “punto de inflexión” en nuestro país es con la Constitución de 1978, aunque no formule, expresamente, el reconocimiento del sistema público de Servicios Sociales, que contiene un mandato para que los poderes públicos realicen una función promocional del bienestar social; así en el artículo 1 se proclama al país como un “Estado Social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” y se establece que las competencias en materia de Asistencia Social recaen en las Comunidades Autónomas y con la aprobación de sus correspondientes leyes en materia de asistencia social y servicios sociales. Se reordena el Estado de Bienestar con la aprobación de la Constitución Española en su Art. 41 de la Seguridad social y las prestaciones sociales, además de hacer mención expresa de los servicios sociales en al Art. 50 y los relaciona con las personas de la tercera edad.

El artículo 9.2 por su parte dice: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».

La Constitución Española establece en sus artículos 41, 139.1 y 149.1.1, la garantía de un "régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos y la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad"; así como 'los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado" y la "igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales".

Partiendo de una interpretación integradora de los artículos como el 1, 9, 10 y 14, en relación con el Capítulo III, del Título I, principios rectores de la política social y económica, presta atención a determinados colectivos, como juventud (Art. 48); disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales (Art. 49); tercera edad (Art. 50) y a la familia e hijos (Art. 39). De todo ello se desprende que sin los Servicios Sociales estos principios fundamentales quedarían vulnerados.

Por ello, la Administración General del Estado con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, a través del Sistema Público de Servicios Sociales, pretenden oficialmente cubrir las necesidades sociales de la ciudadanía. Está configurado por prestaciones y servicios de la Administración del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Corporaciones locales (Ayuntamientos). Estos tres niveles administrativos responden a la organización del Estado Español en 17 Comunidades Autónomas, cada una con competencias en el ámbito de los Servicios Sociales.

Otro punto importante a resaltar en la Constitución es su voluntad de aproximar los Servicios Sociales al ámbito geográfico donde se encuentran las necesidades. Buena prueba de ello es el artículo 148.20 donde se menciona, entre las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas, la de “Asistencia Social”. La Constitución Española atribuye la competencia exclusiva en esta materia, a través del art. 148.1.20, a las Comunidades Autónomas, cuyos Estatutos de Autonomía constituyen el marco jurídico que garantiza los derechos de los ciudadanos en los ámbitos correspondientes.  En este marco se fueron promulgando las respectivas Leyes Autonómicas de Servicios Sociales que contemplan sus principios, actuaciones y prestaciones, promoviendo una red de equipamientos y servicios, que han supuesto el desarrollo e implantación de los Servicios Sociales en todo el territorio del Estado. Fue a partir de 1982, cuando comienzan a aprobarse en las Comunidades Autónomas las Leyes de Servicios Sociales.

Entre los años 1983 y 1985 se dieron las primeras transferencias en materia de servicios sociales a las Comunidades Autónomas y aparecieron las primeras leyes en esta materia y se fueron sucediendo las primeras Leyes de Servicios Sociales en las Comunidades Autónomas hasta la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 1985. Esta ley reforzará la aproximación de los Servicios Sociales al ciudadano y establece en su artículo 25.2.k. que el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de prestación de los Servicios Sociales y de promoción y reinserción social.  Señala también, en su artículo 26.1.c, "la obligación de los municipios con población superior a 20.000 habitantes a otorgar la prestación de Servicios Sociales". Y por otra parte, su artículo 36 establece que “son competencias propias de la Diputación la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, y en su caso supracomarcal”.

A lo largo de estos años se han ido aprobando las diecisiete leyes de Servicios Sociales que han implantado en las Comunidades Autónomas el Sistema Público de Servicios Sociales poniendo a disposición de las personas y grupos en que se integran, recursos, acciones, prestaciones para el logro de su pleno desarrollo. Así como la prevención, tratamiento y eliminación de las causas que conducen a la marginación.

Las Comunidades Autónomas han aprobado Leyes de Servicios Sociales, cuyo eje central es la organización del sistema público de servicios sociales, desarrollando el papel de los servicios sociales de atención primaria y servicios sociales de atención especializada en el ámbito de personas sin hogar. Por otro lado en los Catálogos y carteras de prestaciones y servicios de las Comunidades Autónomas, se han identificado los servicios y prestaciones que se deben garantizar a través del sistema de servicios sociales en el ámbito de las personas sin hogar. Estas prestaciones se ejecutan a través de los Servicios Sociales Municipales que constituyen el Nivel de Atención e Inserción Primario. La Ley de Bases de Régimen Local de 1985 regula las competencias de los municipios, entre las cuales se reconoce la de prestar “los servicios sociales, de promoción y reinserción social”. A su vez, esta normativa establece que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tienen la obligación de prestar servicios sociales, aunque no se especifica en qué consisten ni tampoco quienes son los/as beneficiarios/as de los mismos.

La atención primaria incluye, además, los programas de urgencias y emergencias sociales y la atención a los sectores y a los colectivos con problemas sociales específicos (personas sin hogar, drogodependientes, etc.). Este conjunto de servicios integran los Servicios Sociales Especializados, que constituyen el segundo nivel de atención.

A continuación se muestra el actual marco legislativo autonómico en materia de Servicios Sociales:

 

Según la mayoría de estas leyes, los servicios sociales se estructuran en dos niveles:

  • Servicios Sociales Generales que están dirigidos a toda la población, Integran prestaciones básicas y específicas. Reciben otras acepciones: Servicios Sociales de Base, Servicios Sociales Comunitarios, o Servicios Sociales de Atención Primaria. Entre sus objetivos están: informar y orientar sobre derechos y recursos (individuos, grupos, instituciones); realizar prevención e inserción social y familiar (personas y colectivos en situación de riesgo o marginación); prestar ayuda a domicilio (personas y familias que padecen situaciones que lo requieren); dar prestaciones de alojamiento y convivencia (personas que carecen de ambiente familiar idóneo). También incluyen prestaciones específicas a colectivos (infancia, juventud, tercera edad, mujeres, minorías étnicas, personas sin hogar, etc.). Se gestionan a través de los centros de servicios sociales y a través de centros comunitarios (centros de acogida, centros de día, centros ocupacionales, etc.) de las Corporaciones Locales; por lo que su responsabilidad depende, salvo excepciones, a la Administración Local.
  • Servicios Sociales Especializados dirigidos a colectivos específicos de población (tercera edad, infancia, juventud, toxicómanos, personas sin hogar, etc.), y se relacionan con las necesidades personales y características grupales de los usuarios.Estos servicios se organizan y gestionan en función de colectivos o sectores de población a los que van dirigidos: infancia, mayores, mujer, etc. La especialización se identifica con las diferencias de los usuarios por cuestiones de edad, sexo y otras características personales. Algunos equipamientos especializados en función de los/as usuarios/as son: centros de día para adultos, centros de día para menores, residencias, centros ocupacionales y centros de protección y residenciales, centros de inserción social, centros para personas discapacitadas, entre otros. La responsabilidad de este nivel de atención corresponde a la Administración Autonómica y Local.

 

Como sectores específicos objeto de atención, se contemplan los siguientes: 

  • Familia
  • Infancia y Juventud
  • Personas mayores
  • Mujer
  • Personas con discapacidad
  • Personas en situación de dependencia
  • Reclusos y exreclusos
  • Toxicómanos
  • Minorías étnicas
  • Personas sin hogar
  • Inmigrantes refugiados y apátridas
  • Otros, en situación de necesidad o marginación.

 

Todas las Leyes Autonómicas determinan en sus disposiciones los Catálogos y Carteras de Servicios Sociales aunque no todas han elaborado catálogos o carteras. Un catálogo es el instrumento que determina el conjunto de servicios y prestaciones garantizados a través de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública, ya sean de servicios, económicas y/o tecnológicas del sistema público de servicios sociales. Puedes ver el actual Catálogo de Referencia de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Mientras que una Cartera legisla las características, modalidades y requisitos de acceso a los servicios y prestaciones de los catálogos, así como la población a la que va destinada, el establecimiento o el equipo profesional que debe gestionarla, los perfiles y ratios de los profesionales del equipo, o los estándares de calidad, entre otros aspectos. En todos los casos debe garantizar el acceso a las prestaciones con el apoyo de la Administración, teniendo en cuenta criterios de progresividad en la renta de los usuarios. Puedes consultar la cartera de Servicios por Comunidades Autónomas en: Cartera Servicios Sociales

Las prestaciones garantizadas son exigibles como derecho subjetivo de acuerdo con lo establecido por la Cartera de servicios sociales, que debe incluir, al menos, la necesidad de una valoración profesional previa y de una prueba objetiva que acredite su necesidad. Mientras que el acceso a las prestaciones no garantizadas se realiza de acuerdo con lo establecido por la Cartera de servicios sociales y de acuerdo con los créditos presupuestarios asignados y aplicando los principios objetivos de prelación y concurrencia.

El Plan Concertado para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, que surge en 1988 de mano del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la Dirección General de Acción social, se creó “para articular la cooperación económica y técnica entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, para colaborar con las Entidades Locales en el cumplimiento de las obligaciones que (…) han de llevar a cabo en relación con la prestación de Servicios Sociales constituyendo los fundamentos del sistema de asistencia y protección social en busca de la consolidación de una red de servicios sociales de gestión local, desde la perspectiva metodológica y técnica de la concertación y la cooperación entre administraciones (estatal, autonómica y local).

Cada año se renueva el acuerdo en el que, desde su primera edición, contempla, entre otras, la “Información, orientación y valoración” y la “Prevención de la marginación e inserción social” como prestaciones básicas refiriéndose a ella como “intervenciones especializadas realizadas por equipos profesionales, dirigidas a personas y colectivos en situaciones de riesgo o marginación social, con el objeto de prevenir marginaciones sociales y, en su caso, lograr la reinserción familiar y social”. Para ver el actual Plan Concertado, pincha aquí.