Gipuzkoa tutela a 200 ancianos que sufren desamparo y detecta diez casos de maltrato

La realidad del maltrato a las personas mayores suele ir acompañada del adjetivo «invisible» por la complejidad de acercarse a este problema con datos objetivos. En la privacidad del hogar se esconden historias de ancianos sin apoyo familiar, desamparados o incluso víctimas del maltrato, la forma más grave de desprotección. La Diputación ofreció ayer un diagnóstico de este problema y, aun asumiendo que se trata de una aproximación porque solo sale a la superficie la punta del iceberg, permite tomar conciencia de la vulnerabilidad del colectivo. El año pasado los servicios sociales detectaron diez casos de ancianos maltratados en el hogar, situaciones ante las que no se emprendieron acciones legales pero sí se tomaron medidas de apoyo social para cubrir esas necesidades básicas de cuidados. Además, en la actualidad 209 personas mayores de 65 años están incapacitadas judicialmente por diferentes causas de desprotección y están tuteladas por la Diputación, a través de las fundaciones Hurkoa y Atzegi. Bajo ese paraguas se dan situaciones de desamparo, abandono o desatención, y no solo casos de malos tratos.

La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, repasó las actuaciones de los servicios sociales forales a preguntas del diputado del PP Juan Carlos Cano, quien recordó el compromiso del departamento de adoptar un modelo de atención ante las situaciones de desprotección de personas adultas, en cumplimiento de la resolución de las Juntas Generales. Peña recordó que la causa de la desprotección puede ser la falta de apoyo familiar, pero también se dan situaciones de personas mayores que rechazan la ayuda o de ancianos que ejercen de cuidadores pero que no pueden garantizar una atención adecuada. Y reconoció que aunque todavía están trabajando en ese nuevo modelo, la receta pasa por la «prevención, detección y atención».

En una sociedad que envejece, como la guipuzcoana, el problema de la desprotección entre ancianos ha pasado a la primera línea de preocupación de los servicios sociales. Pero la primera barrera está en cómo detectar los casos, porque la mayoría se dan en el hogar donde, salvo emergencia o sospecha real, el problema puede no ser descubierto. En un asunto tan delicado como las relaciones familiares, las posibilidades de que una víctima denuncie a sus hijos o allegados suelen ser excepcionales. El radar de los servicios sociales, en coordinación con los profesionales sanitarios que mantienen un contacto frecuente con las personas mayores, se antoja fundamental. Descubrir esos posibles casos de desprotección implica poder entrar en el domicilio. Las valoraciones de dependencia que realizan los servicios sociales cuando una persona solicita poder cobrar la prestación correspondiente se han convertido en un buen método de detección. El año pasado, el departamento incorporó al protocolo habitual un procedimiento de actuación en caso de sospecha o indicios de cualquier tipo de desprotección. A raíz de este proceso se atendieron dos casos, a los que hay que sumar las actuaciones de los servicios forales de urgencias sociales, un servicio que funciona las 24 horas del día los 365 días del año para prestar atención a cualquier urgencia social en Gipuzkoa. En 2017, 45 personas mayores necesitaron de este recurso, de las cuales 8 fueron por situaciones de maltrato, 10 por problemas de desprotección y 27 por cuestiones relacionadas con la dependencia, detalló ayer Peña.

La reforma de las prestaciones económicas por dependencia ha incorporado la obligación a las personas cuidadores de contar con una formación básica, similar a la que ya se realiza a través del programa Sendian. Con esta medida, el departamento quiere contribuir a la calidad de los cuidados, explicó Peña, «y evitar situaciones de estrés mal resueltas que pudieran desembocar en un trato inadecuado, en la mayoría de los casos involuntario».

Los datos conciencian del problema pero muestran solo una parte porque la mayoría no se denuncian

En las residencias la labor de inspección es habitual y además está sujeta a los requerimientos normativos. El decreto que regula la concertación de plazas obliga a estos centros a contar con un procedimiento para detectar y atender situaciones de desprotección, pero no todos los tienen, admitió Peña, por lo que se trabaja en un modelo único. Además de ese control planificado, los inspectores también analizan todas las quejas que se reciben. En 2017 fueron 23 expedientes, de los cuales en uno se sospechó que pudiera estar relacionado con un posible caso de maltrato. Los inspectores concluyeron, sin embargo, que el usuario tenía un trastorno de conducta muy severo, con varias patologías y gran fragilidad en la piel, describió Peña, por lo que se agilizó su traslado a un centro especializado.

Para reforzar la atención, el departamento está trabajando para poner en marcha un servicio de atención socio-jurídica y psicosocial dirigido al colectivo de personas mayores. La diputada recordó además que el Consejo territorial de personas mayores ha acordado crear un grupo de trabajo para abordar el problema de la discriminación y el maltrato a las personas mayores, ante el que la diputada reclamó tolerancia cero.

Detección y atención
Urgencias sociales: En 2017, se atendió a 10 mayores en situación de desprotección y 8 sufrían malos tratos.
Valoración dependencia: Se derivaron dos casos por sospechas de desprotección.
Residencias: De las 23 quejas recibidas, hubo un posible caso de maltrato, pero la conclusión fue que el usuario padecía un grave trastorno de conducta, con patologías y gran fragilidad en la piel.
Tutela: Actualmente, 209 personas mayores están incapacitadas judicialmente por diferentes causas de desprotección.

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