La Diputación empezará el próximo año a controlar las ayudas de 10.000 dependientes

Los servicios sociales de la Diputaciónentrarán a partir del año que viene en las casas de las personas dependientes cuidadas por familiares para comprobar cómo están siendo atendidas, cómo se encuentra a su vez el cuidador y qué destino se hace de la ayuda económica que reciben cada mes. La medida, enmarcada dentro de la reforma foral de las prestaciones económicas que entró en vigor a principios de este año, arrancará en 2019 y se centrará en las 10.353 personas dependientes que ahora cobran una prestación mensual de entre 124 y 424 euros por el cuidado en el entorno familiar (PECE), la modalidad más solicitada, pese al tirón experimentado en los últimos años para contratar a un cuidador externo (la prestación PEAP), una opción que el Departamento de Políticas Sociales de la Diputaciónpretende seguir potenciando.

Alrededor de 15.000 personas perciben en la actualidad una ayuda por dependencia en Gipuzkoa, por lo que con esta inédita intervención el Departamento de Políticas Sociales se asegura tener ‘ojos’ dentro de las casas de dos de cada tres beneficiarios. En sus diez años en vigor, el sistema de dependencia ha resaltado en Gipuzkoa por su amplia cobertura se invierten unos 60 millones de euros al año solo en prestaciones pero ha adolecido de control. Una persona a la que se le concedía la ayuda podía estar cobrándola durante años sin mayor supervisión. Muchos solicitantes, de hecho, no volvían a recurrir a los servicios sociales. Había constancia de que esa paga mensual se había convertido en un ingreso extra para ciertos hogares, no siempre destinado al cuidado de la persona dependiente para lo que teóricamente está concebida. «Lo peor que puede pasar es que las prestaciones se conviertan en una pensión y eso está sucediendo», reconoció el jefe del servicio de planificación, concertaciones y prestaciones económicas, Jon Iribar, cuando la Diputación presentó la reforma en Juntas Generales hace casi un año.

De aquel primer anuncio faltaba saber cómo se iba a llevar a la práctica. La Diputación y los ayuntamientos, a través de la asociación Eudel, han firmado este lunes el acuerdo para desarrollar ese seguimiento. Serán profesionales de los servicios sociales municipales quienes visiten en sus casas a los beneficiarios de las prestaciones, al menos una vez cada dos años.

La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, ha desmarcado este lunes esta decisión de una intención de perseguir a los beneficiarios. Recalcó que no se trata de una inspección al uso para «comprobar requisitos administrativos» sino de «un acercamiento periódico de los servicios sociales al propio entorno de la persona dependiente». El objetivo, ha añadido, es «asegurarnos» cómo está siendo cuidada la persona beneficiaria de la prestación, cómo evoluciona también su grado de dependencia y también ver si la persona encargada «está en condiciones para cuidar al familiar». En caso contrario, se procurará que el titular opte por la contratación de un cuidador profesional, una alternativa por la que el dependiente percibe una cantidad mayor, entre 300 y 834 euros al mes.

El convenio firmado con los municipios establece que se deberá realizar al menos una visita de una hora cada dos años, si bien se pretende aumentar la frecuencia a una vez al año. En un primer tiempo, además, se excluirá de la obligatoriedad de esas visitas a aquellos dependientes, unas 2.000 personas que ya están bajo el radar de los servicios sociales y que son visitados habitualmente por estos profesionales. Por lo que la cifra aproximada de partida para las visitas se reduce a unas 8.000 personas, precisaron fuentes forales. El control, en principio, también se ceñirá a los dependientes cuidados por sus familiares, aunque de forma excepcional se podrá extender a las personas cuidadas por un asistente personal en municipios pequeños (la prestación PECE, que en la actualidad perciben alrededor de 5.000 personas).

Criterios comunes
Los ayuntamientos serán compensados económicamente por la Diputación. El Departamento foral de Políticas Sociales calcula que el coste del servicio rondará los 632.272 euros, que incluye las horas anuales de trabajo del personal técnico y de personal administrativo, así como personal equivalente a jornada completa, ha cifrado el Departamento que dirige la jeltzale Maite Peña en una nota de prensa.

Quedan detalles sobre los criterios que se van a aplicar, han reconocido. Por ejemplo, se debe concretar qué tipo de cuestionario se va a realizar para que sea común en todos los municipios, igual que ya lo es la valoración de la dependencia, una herramienta para evaluar en qué grado ha perdido facultades el solicitante de la prestación. El seguimiento implicará una valoración del nivel de adecuación de la situación como «alta, media o baja». La información que recaben los servicios sociales de los ayuntamientos será directamente compartida con la Diputación.

De ese resultado dependerá que se tomen medidas, no encaminadas a retirar la ayuda, sino a dirigir a la persona al servicio adecuado, han insistido fuentes del Departamento. Se quiere comprobar «que persisten las condiciones adecuadas de atención, de convivencia y de habitabilidad de la vivienda, garantizar la calidad de los cuidados y prevenir posibles situaciones de desatención», o incluso de maltrato.

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