Las familias que cuidan a dependientes tendrán que formarse desde julio para cobrar la ayuda

El cambio de las cuantías de las ayudas económicas a la dependencia que la Diputación aprobó el pasado mes de enero eclipsó otra de las medidas estrella de la reforma del sistema de prestaciones: la exigencia de formación a los familiares que atienden a dependientes en sus casas, un requisito inédito y adoptado por la necesidad de velar por la calidad de los cuidados en el hogar, tanto para la persona dependiente como del propio cuidador, justificó la institución foral. La medida arrancará en julio, según ha podido saber este periódico. El curso, de 16 horas de duración, solo será obligatorio para las nuevas solicitudes de la ayuda, unas 200 personas al mes en Gipuzkoa, que se corresponden con las nuevas altas en la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar (PECE), calcula el Departamento de Políticas Sociales, que desembolsará 307.120 euros al año para contratar a la empresa encargada de la formación. En total, unas 2.080 personas al año pasarán por esos talleres. Los solicitantes tendrán seis meses de margen para cumplir con el requisito.
El programa ha sido pensado para proporcionar a las familias conocimientos básicos para atender a las personas dependientes en sus casas. Por ejemplo, cómo movilizarles en la cama. Esas nociones se enseñarán a lo largo de ocho sesiones, de dos horas de duración cada una. Los familiares acudirán dos veces por semana durante un mes. Las sesiones serán grupales, con entre 15 y 20 participantes, que serán ‘entrenados’ por un profesional especializado. Se han organizado talleres en todas las comarcas para facilitar la asistencia. Las clases serán similares a las que ya se estaban impartiendo dentro del programa Sendian, de carácter voluntario y con una tímida participación. También se ofrecerán grupos de autoapoyo y un servicio de atención psicológica, como hasta la fecha.

Los datos
307.120 euros es el coste del contrato anual que la Diputación adjudicará a la empresa que impartirá los talleres.
2. 080 perosnas al año pasarán por esos talleres. Se corresponden con las nuevas altas para cobrar la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno (PECE).

La decisión de exigir esta formación a los cuidadores familiares se acompaña de un cambio aún más profundo, el de empezar a controlar las ayudas económicas que se dan a los cuidadores de personas dependientes, hasta ahora sin ningún tipo de supervisión una vez que ya se otorgaba la prestación. Los servicios sociales tienen que valorar primero a la persona para medir, según una serie de criterios objetivos, el grado de su dependencia, que se corresponderá con una cantidad económica. Tras los cambios introducidos en enero, las ayudas máximas oscilan entre los 154 y los 800 euros al mes. Una vez se certifica a la persona como dependiente y se oficializa el cobro, los servicios sociales probablemente no vuelvan a tener contacto con el usuario.

La medida pretende velar por el cuidado en el hogar, tanto del dependiente como del propio cuidador

Es uno de los cambios de la reforma del sistema de prestaciones, que modificó las cuantías de las ayudas

Alrededor de 15.500 dependientes cobran hoy una ayuda económica en Gipuzkoa. Unos 230 reciben la prestación vinculada al servicio, con la que se ayuda a financiar una plaza privada en residencia o centro de día cuando no hay un recurso público disponible. 5.200 tienen contratado un cuidador ajeno a la familia, la fórmula que la Diputación ha querido primar y la que más apoyo económico recibe, entre 300 y 834 euros. Aunque la demanda de esta ayuda está aumentando, la gran mayoría de beneficiarios, más de 10.000, siguen estando cuidados por familiares. Es en este colectivo donde la Diputación ha focalizado varios de los cambios para supervisar cómo se está cuidando a los mayores en sus casas y qué destino se hace de la ayuda.
Además de exigir formación, los servicios sociales visitarán al menos una vez al año cada uno de esos hogares, según lo anunciado en su día por el Departamento de Políticas Sociales. «Lo peor que puede pasar es que las prestaciones se conviertan en una pensión y eso está sucediendo», dijo el jefe de servicio de planificación, concertaciones y prestaciones económicas, Jon Iribar, quien lamentó que muchos solicitantes no vuelvan a recurrir a los servicios sociales una vez empiezan a cobrar la ayuda. «Si Mahoma no va a la montaña…», resumió en la comparecencia en Juntas Generales en octubre del año pasado, cuando se desveló el contenido de la reforma del sistema de prestaciones.
El impacto de la reforma
Hay todavía novedades por perfilar, como la enunciada de supervisar las ayudas que se conceden a través de visitas presenciales en los domicilios. Pero ya se ha empezado a percibir el impacto de los cambios en las cuantías económicas, la piedra angular del sistema. Por primera vez, Gipuzkoa gasta ya más en las ayudas para la llamada Prestación Económica para la Asistencia Personal (PEAP) que en la del Cuidado en el Entorno (PECE). En concreto, el pasado mes de marzo el último con datos oficiales la factura dedicada a las primeras prestaciones llegó a los 2.560.907 euros, mientras que la segunda partida se quedó en 2.430.947. Las nuevas cuantías que empezaron a pagarse desde el pasado 1 de enero obedecen a una intención clara de la Diputación de primar la contratación de cuidadores profesionales en los hogares, frente al modelo tradicional de la atención por parte de un familiar.

La Prestación Vinculada al Servicio (PEVS) también ha salido reforzada, de forma premeditada. El número de perceptores ha crecido en 60 personas hasta alcanzar las 232 el pasado mes de marzo. El departamento ha flexibilizado las condiciones de acceso a esta ayuda que se paga a un dependiente para ayudarle a financiar una plaza en una residencia o en un centro de día privado, cuando no hay una plaza pública disponible. También se han incrementado las cuantías, especialmente para los dependientes de grado medio (grado 2), que pueden recibir un máximo de 800 euros para costear los gastos del ingreso en una residencia privada, cuando antes recibían un máximo de 464 euros.

Este impulso obedece a la necesidad de rebajar las listas de espera para ingresar en un geriátrico público que, aunque a la baja, siguen en cifras elevadas, con 764 personas según los últimos datos publicados. La Diputación ha tenido que desplegar un plan de choque que incluye la concertación de un total de 300 plazas hasta 2019, la apertura de dos nuevos centros en Pasaia e Irun, y el refuerzo de esta prestación.

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