Saltar al contenido principal
GIPUZKOA
ContactaMapa Web

Sargi ha reclamado en el Parlamento Vasco que ninguna persona beneficiaria de la RGI salga perdiendo con la reforma

jueves 15 de marzo de 2018 Diario Vasco

Las entidades sociales de Gipuzkoa observan «un sesgo punitivo y fiscalizador» en la nueva ley de la RGI

La red Sargi, que agrupa a 23 entidades sociales de Gipuzkoa entre ellas Cáritas, Fundación Emaús o SOS Racismo ha advertido este jueves en el Parlamento Vasco de que un buen número de propuestas recogidas en la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) tienen «un sesgo punitivo y fiscalizador» y han recordado que el nivel de fraude en el sistema de ayudas sociales es «muy bajo», por lo que «no se puede extender un halo de sospecha a todas aquellas personas que solicitan o perciben la RGI».

Sargi ha comparecido en la comisión de Políticas Sociales, por donde están pasando las entidades sociales, grupos y sindicatos para aportar su opinión acerca de la propuesta de la RGI. Tras esta ronda, el Gobierno Vasco se ha comprometido a presentar su proyecto de ley, de forma que luego comience su tramitación parlamentaria.

Este jueves Sargi ha reclamado que ninguno de los algo más de 63.000 beneficiarios de la ayuda en Euskadi salga perdiendo con las modificaciones propuestas, entre las cuales está una nueva formulación para calcular la cuantía, que partirá de una base común y luego irá sumando los complementos correspondientes, por ejemplo, por cada hijo a cargo. Las entidades sociales también han pedido que no se utilice el criterio general de una RGI por cada domicilio, una medida que se propuso y que despertó polémica.
Realidades de convivencia

Sargi considera que los cambios deben tener en cuenta otras realidades de convivencia en una vivienda, «que necesariamente conllevan proyectos de vida compartidos ni vínculos personales», más allá de vivir bajo el mismo techo. Se refiere, por ejemplo, a las personas que comparten piso porque no tienen recursos. En su día, la consejería ya aclaró que se atenderían estos casos, como ahora se viene haciendo. El 13% de los titulares de la RGI, que suponen algo más de 8.000 personas en Euskadi, comparten piso con otros beneficiarios de la prestación.

Las entidades, asimismo, cree que debe extenderse a todo el colectivo el requisito de acreditar un año mínimo de empadronamiento en Euskadi, como se propone ahora para las familias con hijos menores a su cargo, pero no para el resto de beneficiarios, que seguirán teniendo que acreditar tres años de padrón para poder acceder a la ayuda.

Se muestran críticos con la certificación de la residencia efectiva, «que no hace sino alimentar las sospechas y la estigmatización de las personas solicitantes de la RGI». Sargi cree que debe ser suficiente con acreditar el empadronamiento, al menos en la fase de solicitud de la ayuda, de forma que no se aumenten además los trámites a presentar.

Texto del enlace…

Comentarios

Aún no hay comentarios