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COLEGIACIÓN OBLIGATORIA

Corresponde a los Colegios Profesionales verificar el cumplimiento del deber de colegiación. Entendiendo que, además de un deber, es una garantía para la entidad contratante, y la ciudadanía usuaria, pues garantiza que la Trabajadora o Trabajador Social cumple con el Código Deontológico de la profesión, ejerciendo una praxis correcta, además de poner a su disposición los canales para informar y actuar si así no ocurriera.

 

INFORME SOBRE COLEGIACIÓN OBLIGATORIA. CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL

 

La colegiación obligatoria como requisito profesional ineludible para las denominadas profesiones colegiadas, se proclamó taxativamente por el artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero de Colegios Profesionales. Dicho precepto establece literalmente que:

“Será  requisito  indispensable para  el  ejercicio  de  las  profesiones  colegiadas  la incorporación al colegio en cuyo ámbito territorial se pretenda ejercer la profesión”.

Hay que hacer notar que la LCP es una norma anterior a la Constitución, y, aunque sobre este aspecto concreto de la colegiación obligatoria, el Tribunal Constitucional la declaró conforme a la Carta Magna, lo cierto es que la existencia de un Estado de las Autonomías a raíz de la aprobación de la Constitución de 1978 y su posterior desarrollo, traducido en los traspasos de competencias a la Comunidades Autónomas, han venido a introducir sustanciales matices en la materia que nos ocupa.

La Ley de creación de los Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, Ley  10/1982 de 13  de abril,  por su parte, vino a reiterar la obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio profesional en su artículo 3º.

En el mismo sentido se pronuncian los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de  Diplomados en  trabajo Social y  Asistentes Sociales, aprobados por  RD

174/2001, de 23 de febrero, cuyo artículo 9.b) considera requisito indispensable para el ejercicio de la profesión “hallarse incorporado al colegio donde radique el domicilio profesional único o principal del interesado, siendo este requisito suficiente para que el mismo pueda ejercer su  actividad en  todo  el  territorio del  Estado, siempre que comunique, a través del Colegio al que pertenezca, a los Colegios distintos al de su adscripción, las actuaciones que vaya a realizar en sus demarcaciones, a fin de quedar sujeto a  las  competencias de  ordenación, visado, control deontológico y  potestad disciplinaria.”

Vemos por lo tanto, que  la regla general es la colegiación obligatoria y única para  el  ejercicio de  la  profesión a tenor  de  las  normas citadas que  se  hallan plenamente vigentes.

No obstante, como antes apuntábamos la jurisprudencia constitucional ha introducido sensibles variaciones en esta materia.

Desde entonces la jurisprudencia ha variado en un doble sentido:

I.- Actualmente, el Tribunal Constitucional ha admitido la exención de la colegiación obligatoria cuando se trate de funcionarios públicos, que ejercen su actividad profesional exclusivamente  en  el  ámbito  de  la  administración  pública  e  integrados  en  una organización administrativa, por tanto, de carácter público sin poder desempeñarla privadamente, siendo la propia administración pública la destinataria inmediata   de los servicios prestados por ellos.

El fundamento último de este criterio estriba en que la obligación de colegiación tiene como justificación la necesidad de que el ejercicio de determinadas profesiones sea sometido a control (esencialmente, en interés de los destinatarios de esos servicios). Estas potestades de control del ejercicio de la profesión se confieren a los colegios profesionales, a los que se atribuye también la potestad disciplinaria. Si la actividad del funcionario se desarrolla bajo la dependencia y por cuenta de la Administración Pública, esta podrá controlar sus actuaciones, y si se ajustan a las normas de la profesión, sin necesidad de que a su vez, sean sometidas a las potestades de vigilancia y disciplinarias de los Colegios Profesionales. Este criterio se ha mantenido, entre otras en la STC

76/2003, de 23 de abril (Pleno), reiterándose la doctrina expresada en las STC 96/2003,

22 de mayo; STC 108/2003 , 2 de junio; STC 120/2003, 16 de junio; 149/2003, de 14 de julio; 183/2003, de 20 de octubre y, mas modernamente en SSTC 92/2004, 19 de mayo;

141/2004, 13 de septiembre; 6/2005, de 17 de enero; 110/2005, de 9 de mayo y

201/2005, de 18 de julio.

II.- Por otra parte, un segundo problema viene dado por si una Ley Autonómica es norma suficiente para enervar la obligatoriedad de colegiación que se desprenderse de la Ley

2/1974.

Pues bien, en este sentido, el Tribunal Constitucional ya en su SS 20/1988, de 18 febrero, declaró  que  la  equiparación  de  los  Colegios  Profesionales  con  las  Administraciones Públicas Territoriales queda limitada a los solos efectos organizativos y competenciales en los que se concreta y singulariza la dimensión pública de aquéllos, que es a lo que se debe ceñir, la competencia básica estatal. De modo que la materia de colegiación no es de competencia necesariamente estatal , ni su regulación respecto de los funcionarios estatales tiene el carácter de legislación básica, por lo tanto, al amparo del artículo 36 del texto constitucional, pueden las Comunidades Autónomas determinar su normativa con libertad.

Así las cosas, haciendo uso de las competencias atribuidas por el artículo 36 CE y de conformidad con lo previsto en sus propios Estatutos, que atribuyen competencia de desarrollo legislativo y ejecución en el marco de la legislación básica del Estado en materia de Corporaciones de Derecho público representativas de intereses económicos y profesionales, son muchas las Comunidades Autónomas que han procedido a aprobar sus leyes propias de Colegios Profesionales.

Por lo tanto, sin perjuicio de la aplicabilidad de la normativa del estado, las reglas aplicables específicamente en el ámbito de cada Comunidad son las contenidas en las citadas Leyes.

Entre estas normativas autonómicas es muy frecuente que se excluya la colegiación obligatoria para el personal que presta sus servicios para las administraciones públicas, sea con dependencia laboral o funcionarial. En estos casos, será  la administración de la que depende el profesional la encargada de ejercer las funciones de control sobre el desarrollo de la profesión, que, en otro caso, vendrían atribuidas al Colegio Profesional.

III.- Recientemente se ha producido lo que a nuestro entender, es un importante giro en la doctrina del Tribunal Constitucional, manifestada en las Sentencias 17 de enero de

2013 (Andalucía), 28 de febrero de 2013 (Extremadura), y  28 de febrero de 2013 (Asturias).

En ellas se establece que los Colegios Profesionales (y eso es lo que les distingue del resto de asociaciones y personas jurídicas de base asociativa), por sus fines y funciones tienen, además de la dimensión privada, una dimensión pública que les equipara a las Administraciones Públicas, aunque a los solos aspectos organizativos y competenciales; lo que lleva a concluir que por ello corresponde al Estado fijar las reglas básicas de los colegios profesionales.

Así, la razón de atribuir a estas entidades (colegios profesionales) y no a las Administraciones las funciones públicas sobre la profesión, de las que constituyen el principal exponente la deontología y ética profesional y con ello, el control de las desviaciones  en  la  práctica  profesional,  estriba en  la  pericia y  experiencia de  las profesiones que constituyen su base corporativa.

Por ello, al citar el último inciso del comentado art. 1.3 LCP, afirma el TC que no contiene una exclusión del régimen de colegiación obligatoria de los funcionarios públicos sino, al contrario, una cautela dirigida a garantizar que el ejercicio de las competencias colegiales de ordenación de la profesión que se atribuyen, en exclusiva, a los Colegios Profesionales y, por tanto, a los propios profesionales, no desplaza o impide el ejercicio de las competencia que, como empleadora, la Administración ostenta sin excepción sobre todo su  personal, con  independencia de  que éste realice o  no  actividades propias de profesiones colegiadas. Una cautela especialmente necesaria en cuanto que la función de ordenación del ejercicio de la profesión que se atribuye a los Colegios Profesionales en el artículo 1.3, no se limita el “ejercicio libre” de la profesión, sino que se extiende “al ejercicio de la profesión” con independencia de que se realice por cuenta propia o ajena, lo  que  apoya  en  que  la  función de  los  Colegios Profesionales era  la  ordenación deontológica y la reglamentación general de cualesquiera formas de ejercicio profesional, es decir, fuera en el ejercicio libre o en el prestado en régimen de dependencia administrativa, institucional o laboral.

Afirma el TC, que la LCP no exime de colegiación a los empleados públicos, por lo que la exención general recogida en la ley andaluza vulnera la LCP que exige la colegiación forzosa para el ejercicio de las profesiones que determine una Ley del Estado.

Señala además el TC que la calificación de una profesión como colegiada requiere desde el punto de vista constitucional la existencia de intereses generales que puedan verse afectados, o dicho de otro modo, la necesaria consecución de fines públicos constitucionalmente relevantes. La legitimidad de esta decisión dependerá que el Colegio desempeñe, efectivamente, funciones de tutela del interés de quienes son destinatarios de los servicios prestados por los profesionales que lo integran, así como de la relación que exista entre la concreta actividad profesional con determinados derechos, valores y bienes constitucionalmente garantizados: extremos que podrán ser controlados por este Tribunal (STC 89/1989, FJ 4).

Este juicio debe realizarse caso por caso para cada profesión, ya que debe tener en cuenta los concretos intereses generales que puedan verse afectados y la obligación del legislador de optar, entre las posibilidades que le permite el art. 36 CE, por aquella que restringa en la menor medida, tanto el derecho de asociación, como el de libre elección de  profesión u  oficio. La  colegiación obligatoria para el  ejercicio de  determinadas profesiones (…) resulta imprescindible pues, no se garantizaría el ejercicio del derecho del art. 35.1 CE en condiciones de igualdad, si el resultado del juicio que necesariamente debe realizarse a la vista de los concretos intereses públicos que concurren en cada caso, en cada profesión, y la obligación de elegir la alternativa menos gravosa entre las permitidas en el art. 36 CE, fuera distinta dependiendo del lugar de establecimiento o de prestación.

En conclusión, la STC comentada recoge aspectos competenciales y la justificación o razones de la colegiación, tanto para el ejercicio privado como para el ejercicio público “a la vista de los concretos intereses generales que puedan verse afectados.”

Todo lo anterior se expone de acuerdo con la normativa vigente, tanto estatal como autonómica, y de conformidad con su interpretación a la luz de la más reciente  doctrina constitucional.  No  obstante,  seguimos  considerando  la  colegiación  como  un  valioso soporte de la profesión y los profesionales, de forma que deberemos seguir tratando de incentivarla para hacerla atractiva a los profesionales.

Actualmente,  la  Ley  Ómnibus  que  ha  modificado  en  parte  la  Ley  de  Colegios Profesionales, establece que una futura Ley de Servicios Profesionales establecerá cuáles serán las profesiones de colegiación obligatoria. Justamente ahora nos hallamos ahora pendientes de la aprobación de dicha Ley que vendrá a modificar sustancialmente el mapa de la colegiación obligatoria en este país, presumiblemente, siguiendo las líneas fijadas por la doctrina constitucional.

Asesoría Jurídica

 

Consejo General del Trabajo Social