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LAS PALMAS
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Canarias debe salir del limbo de la Dependencia

martes 11 de septiembre de 2018

“Desde el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas creemos que en Canarias ha habido dos problemas importantes que han provocado que nos sitúen en el limbo: los recortes presupuestarios y las prioridades en la gestión”

El próximo mes de diciembre se cumplirán 11 años de la aprobación de la Ley de Autonomía Personal. La conocida como “Ley de la Dependencia” supuso un paso importante en el reconocimiento de derechos que antes no existían. Tuvo defectos relacionados con la ausencia de ficha financiera, la confusión de competencias entre diferentes administraciones que se dan en casi todas las leyes, pero hay que reconocer que supuso un paso adelante precisamente en una década en la que se aplicaron unas políticas de recortes de presupuestos sociales que han significado los mayores ataques al Estado de Bienestar durante nuestra historia autonómica.
Para quienes (desde la ceguera política o la insensibilidad social ) ven la inversión de presupuesto público como un “gasto que hay que recortar porque no podemos gastar más de lo que tenemos y hay que mover la economía y bajar los impuestos” les cuento algunos datos. El Sistema de Atención a la Dependencia ha generado en Canarias 4.385 empleos en todas las islas. Solo en 2017 crearon 712 empleos. Además genera un retorno de casi 50 millones de euros por las cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de trabajadores y trabajadoras y otros impuestos por los servicios creados. Otro dato positivo es que en 2017 se incrementó en Canarias más de un 15% el número de personas incluidas en el Sistema de Atención a Dependencia: 2.565 personas nuevas. El año pasado se alcanzó el mayor número de personas atendidas, casi 19.500.
Todos estos datos están recogidos en el último dictamen del Observatorio de la Dependencia realizado por la Asociación de Gerentes y Directoras de Servicios Sociales. En los últimos diez años esta organización de ámbito estatal ha realizado ya 18 informes a partir de datos oficiales de los gobiernos autonómicos, de cabildos y diputaciones y de distintos ministerios del Gobierno estatal, en ellos se analiza la aplicación de la ley y el avance en el número de personas a las que se les ha ido reconociendo una serie de derechos y prestaciones. Desgraciadamente Canarias ha estado en la cola de la aplicación de esta ley en casi todos los informes. Esto significa que miles de personas que objetivamente tenían derecho a las prestaciones recogidas en la ley no recibían ningún tipo de ayuda económica ni de apoyo de recursos humanos. Hubo miles de casos de personas a las que se llegó a reconocer estos derechos y murieron sin haber recibido las prestaciones. Escuchamos en muchas ocasiones en boca del portavoz de la Asociación de Gerentes y Directoras de Servicios Sociales que “Canarias tiene miles de personas en el limbo de la dependencia”.
La reacción del Gobierno canario desde la etapa de la consejera Inés Rojas era que Canarias “tiene una situación especial”, que aquí “los cabildos tienen centros que atienden a personas dependientes y eso no lo recogen esos informes”. Pero la realidad es que había otras comunidades autónomas, como el País Vasco o Andalucía, donde las diputaciones provinciales también tenían centros para personas dependientes (incluso más), con leyes sociales más avanzadas, y en esas comunidades se aplicaba con más diligencia la llamada Ley de Dependencia.
Desde el colegio de Trabajo Social de Las Palmas siempre creemos que en Canarias ha habido dos problemas importantes que han provocado que nos sitúen en el limbo: los recortes presupuestarios y las prioridades en la gestión. Los distintos gobiernos autonómicos han presumido de ser los más disciplinados en las políticas de austeridad impuestas por el Estado, y esto se ha hecho a costa de recortes presupuestarios en Educación, Sanidad y Políticas Sociales. A ello hay que añadir que las políticas sociales no han sido una prioridad, esta misma legislatura comenzó con la promesa de Fernando Clavijo de tener una nueva Ley de Servicios Sociales antes de diciembre de 2015 y tres años después seguimos sin esa ley.
Creemos que no se trata de invertir en grandes infraestructuras (macroresidencias y centros de día con muchas plazas) con las dificultades que conllevan de problemas de disponibilidad de suelo público, licitaciones de proyecto, obra, servicios, poner en marcha el recurso…, todo ello puede llevar años y llegar tarde para unos y no ser suficiente para el importante aumento del envejecimiento de la población en los próximos años. Hay que trabajar desde la necesidad de la lógica de la proximidad. Los mayores tienen derecho a mantenerse en su entorno, si eso es lo que desean y muchos de los mayores renuncian a plazas de centro de día o residencias cuando se les plantea que hay plaza en otros municipios. En esa línea de defender la proximidad consideramos que los ayuntamientos deben tener un papel más relevante en las políticas sociales, porque son las instituciones más cercanas a la ciudadanía.
Desde la profesión de Trabajo Social proponemos otro modelo centrado en apostar y fortalecer proyectos y servicios, de proximidad y de atención a la persona en su entorno, en la que los programas de envejecimiento activo, los programas y servicios de promoción de la autonomía, las ayudas a la adaptación de viviendas, el Servicio de Ayuda a Domicilio, la teleasistencia, los programas de apoyo a las personas cuidadoras. Es fundamental que haya la financiación suficiente e igual acceso para todas las personas independientemente del lugar donde residan. Desde nuestra entidad profesional hemos trasladado estas y otras aportaciones en las reuniones que hemos tenido con representantes del Gobierno canario y de los grupos parlamentarios cuando hemos hablado de la futura Ley de Servicios Sociales o de la normativa sobre Dependencia.
Los trabajadores y trabajadores sociales seguimos pidiendo que el centro de las políticas sean las personas y sus necesidades, Canarias saldría del limbo de la Dependencia si se cumple eso que todas las fuerzas políticas dicen en las campañas electorales pero que luego vemos que en la agenda política pasa a uno de los últimos lugares porque se da prioridad a legislaciones sobre el territorio o disputas sobre concursos públicos millonarios o rivalidades partidarias que no tienen nada que ver con el interés general de la ciudadanía.

Artículo de opinión publicado en www.lacasademitia.es

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