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LAS PALMAS
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El Colegio del Trabajo Social de Las Palmas pide la máxima coordinación y colaboración de todas las instituciones públicas para afrontar la emergencia social causada por el COVID-19

martes 14 de abril de 2020

La entidad profesional también solicita que “no ocurra como en la anterior crisis económica cuando la factura la pagaron los que menos tenían”.

El Colegio del Trabajo Social de Las Palmas quiere mostrar su solidaridad con todas las personas que están sufriendo las consecuencias de la pandemia provocada por el covid 19, tanto con quienes lo padecen o lo han padecido, como con familiares y amistades de los pacientes y de las víctimas mortales. Desde esta entidad profesional también queremos manifestar nuestro reconocimiento al enorme esfuerzo que están realizando quienes trabajan en la sanidad, los servicios sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones o en cualquier centro o institución del sistema público de servicios sociales, y también a quienes llevan años realizando tareas de cuidados a las personas más vulnerables, en muchos casos sin retribución salarial.

Aunque el gobierno no consideró desde el primer momento al personal de Trabajo Social como servicio esencial, está claro que desde el primer momento los trabajadores y trabajadoras sociales han ocupado un papel fundamental en la primera línea en la lucha contra la pandemia y en la atención a las personas que han sufrido el coronavirus. Los trabajadores y trabajadoras sociales están presentes en los centros de salud, en los hospitales, en los Servicios Sociales, en los centros sociosanitarios, en las prisiones, en casas de acogida a mujeres maltratadas, en centros de menores, en pisos tutelados… Se agradecen los aplausos de la ciudadanía, pero pedimos más responsabilidad a quienes están en las instituciones, es fundamental contar con más trabajadores y trabajadoras sociales, cumplimos unas funciones claves para las que hay que tener formación.

La presidenta de la Junta de Gobierno del Colegio del Trabajo Social de Las Palmas, Laura Monroy manifiesta que “es el momento de no dar ni un paso atrás en los derechos sociales, de proteger a los y las profesionales que hacen posible los servicios públicos de calidad y de ofrecerles herramientas para que trabajen en condiciones dignas y seguras”. Monroy añade que “desde nuestro colegio profesional pedimos que no ocurra lo que ocurrió en la última crisis económica, que la factura no la paguen de nuevo los que menos ingresos tienen, que no se incremente la pobreza y la exclusión social, que el Estado y las administraciones públicas se pongan del lado de la población más vulnerable”.

Estamos ante una pandemia internacional a la que se intenta responder en todos los países con medidas como la paralización de actividades económicas y la reducción de la movilidad. Nadie duda de que los países que cuentan con un sistema público de servicios sociales y sanitarios más consolidados son los que mejor pueden responder a esta pandemia. Desgraciadamente las consecuencias sociales y económicas van a ser más graves en los sitios como Canarias, donde hemos sufrido durante los años de la última crisis económica las duras políticas de austeridad y los recortes del personal de sanidad y de servicios sociales.

El retraso en la aprobación y el desarrollo de la Ley Canaria de Servicios Sociales, la deficiente aplicación de la Ley de Autonomía Personal (conocida como Ley de Dependencia) y la falta de una renta ciudadana provocan que tengamos menos herramientas para atender a las miles de personas que desde la declaración del estado de alarma están viendo reducidos sus ingresos.

Tanto el gobierno del estado, como el ejecutivo canario, los cabildos y los ayuntamientos están anunciando medidas y servicios especiales para atender a las familias que tienen problemas para pagar sus hipotecas, sus alquileres o la comida. Creemos que ahora más que nunca es necesaria la coordinación entre todas las instituciones, que la ciudadanía tenga claro cuáles son las nuevas prestaciones a las que pueden acogerse, qué instituciones las dan, si son compatibles con otras prestaciones, quiénes pueden acogerse, qué tipo de apoyos pueden tener las personas que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad y que ahora empeora aunque no hayan sufrido un erte o una reducción de ingresos como autónomos.

Desde la declaración del estado de alarma la inmensa mayoría de la población ha respetado las normas de confinamiento, hemos visto muchas respuestas solidarias de la ciudadanía ofreciéndose a hacer la compra a personas mayores, agricultores donando sus cosechas, aplausos de apoyo al personal sanitario, artistas dando conciertos, el voluntariado de organizaciones sociales ofreciéndose a ayudar… Deseamos ahora que los responsables políticos estén a la altura de las dimensiones de este problema como lo ha estado la ciudadanía. Que se deje a un lado la competencia por el protagonismo de las diferentes siglas políticas, que se busquen acuerdos y pactos institucionales que tengan como objetivo principal defender a la población más vulnerable desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista social.

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