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LAS PALMAS
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Los dos colegios de Trabajo Social de Canarias presentan alegaciones al reglamento de la PCI

jueves 14 de mayo de 2015

Advierten de que cualquier cambio normativo se queda en una mera declaración de intenciones si no se acompaña de la pertinente partida presupuestaria

Los dos colegios de Trabajo Social de Canarias han elaborado un documento con alegaciones al reglamento que regulará la Ley de la Prestación Canaria de Inserción (1/2007) con la finalidad que se ajuste a las necesidades reales de las personas en situación de exclusión social y advierten de que uno de los graves problemas de la PCI es que, año tras año, las partidas presupuestarias son totalmente insuficientes y poco realistas, lo que impide que todas personas con derecho a ella la perciban.

Para los trabajadores y trabajadoras sociales, cualquier cambio normativo se queda en una mera declaración de intenciones si no se acompaña de la pertinente partida presupuestaria y denuncian las políticas sociales no están dando respuesta eficaz a la pobreza y la exclusión social, que han aumentado de manera exponencial en Canarias en los últimos años y se están volviendo una lacra.

Ambos colegios recuerdan que la PCI es la herramienta directa que tiene Canarias para la lucha contra la exclusión social y explican que desde 2008 están reivindicando cambios en este reglamento para mejorar la operatividad y efectividad de los procedimientos, por lo que, ahora, quieren aportar su experiencia para influir en su redacción con la finalidad de introducir mejoras que se atengan a los principios y métodos del Trabajo Social, profesión imprescindible en la aplicación de la Prestación Canaria de Inserción.

Además, afirman que ni en la actualidad ni en el borrador del reglamento se garantiza la existencia de equipos de profesionales que intervengan de forma continua durante todo el proceso, además de que la aplicación con la que se gestiona la PCI no es eficiente.

Los colegios profesionales afirman que, durante el trabajo en la redacción de estas alegaciones, ha constatado la importancia y necesidad de que se realicen sesiones técnicas de trabajo entre las y los trabajadores sociales que trabajan directamente con la PCI en los ayuntamientos y del Gobierno de Canarias para evitar la aprobación de un decreto ley que no sea realista ni en los procedimientos y ni en los contenidos.

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