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Familia corrige la ley de Servicios Sociales para garantizar los centros municipales

sábado 28 de julio de 2018 Fuente: La Verdad (Javier Pérez Parra)

Enlace La Verdad

El nuevo texto prevé que haya al menos un equipo de atención social por cada 10.000 habitantes, cuando el borrador anterior fijaba uno por cada 20.000.

Enlace a la noticia del 26 de noviembre de 2017: El borrador de la ley de Servicios Sociales deja en el aire trece centros municipales

La consejera de Familia e Igualdad, Violante Tomás, presentó ayer a los representantes del tercer sector el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, que introduce algunas modificaciones sustanciales con respecto al borrador inicial, elaborado el año pasado. Este primer texto desató la preocupación de los trabajadores sociales y de numerosos ayuntamientos al dejar en el aire el futuro de los centros municipales de trece localidades menores de 20.000 habitantes. El anteproyecto presentado finalmente ayer ha disipado en su mayor parte estos temores, aunque los profesionales advierten de que todavía quedan flecos por aclarar.

La ley dividirá la Región en zonas básicas de servicios sociales, siguiendo el modelo que ya existe en el sistema sanitario. En cada zona habrá un centro con al menos cinco profesionales. En el primer borrador, se fijaba en 20.000 el número de habitantes por zona básica, lo que amenazaba la continuidad de los centros de Los Alcázares, Puerto Lumbreras, La Unión, Abarán, Aledo, Alguazas, Archena, Blanca, Campos del Río, Ceutí, Fuente Álamo, Librilla y Blanca. El resto de municipios de menos de 20.000 habitantes ofrecen sus servicios sociales a través de mancomunidades.

El anteproyecto finalmente aprobado por el Gobierno regional rebaja ese listón de 20.000 habitantes inicialmente previsto a la mitad, de forma que queda garantizada la presencia de un centro de servicios sociales por cada 10.000 habitantes. Así, se asegura la continuidad de los equipos de poblaciones como Los Alcázares, Puerto Lumbreras y La Unión.

El anteproyecto blinda los derechos de los usuarios, de forma que podrán reclamarlos en los tribunales

El anteproyecto abre además la puerta a que, de forma excepcional, haya centros propios en localidades de menos de 10.000 habitantes. En el caso de que no sea así, se dotará a estos pueblos con unidades de servicios sociales dependientes de otros centros. Se sigue así el modelo del sistema sanitario, con consultorios en las zonas más rurales dependientes de centros de salud, explican fuentes de la Consejería de Familia.

Los trabajadores sociales piden que se concrete «qué solución se va a dar» a las pequeñas localidades

Reglamento posterior

El Colegio de Trabajo Social valora estos cambios, aunque pide que se concrete «qué solución se va a dar» a las localidades y mancomunidades menores de 10.000 habitantes. Es decir, si se les va a aplicar la excepcionalidad prevista en el anteproyecto o si se crearán unidades dependientes de centros ubicados en municipios de mayor tamaño. Además, los profesionales advierten de que la ley resulta poco concreta en otros aspectos, remitiendo a un futuro reglamento. En este sentido, recuerdan que la ley todavía en vigor, de 2003, no ha llegado a contar con reglamento. También solicitan que se concreten las «garantías de confidencialidad, secreto profesional, protección de datos y transparencia», dado que se «trabaja con información muy sensible como datos de salud, origen racial, así como violencia de género o maltrato infantil, y en menor medida vida sexual, religión y creencias». Esa información «se comparte entre diferentes profesionales y con diferentes servicios municipales o regionales para la adecuada coordinación y cumplimiento de funciones».

Por su parte, la consejera de Familia, Violante Tomás, destacó ayer que la ley «avanza en la construcción de un sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública, moderno, avanzado y garantista, orientado al bienestar de los ciudadanos, superándose el modelo de carácter asistencial». En este sentido, la futura ley blindará los derechos sociales, que serán reclamables ante los tribunales. Quienes cumplan con los criterios fijados en la ley para recibir ayudas o prestaciones podrán reclamarlos, al igual que ocurre con cualquier otro servicio público.

Las claves

Un derecho subjetivo
«El acceso a las prestaciones garantizadas del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia se configura como un derecho subjetivo cuando se cumplan los requisitos generales de acceso al sistema y los específicos que se regulan para cada prestación o servicio».

Derecho reclamable ante los tribunales
«Las personas titulares podrán reclamar en vía administrativa y jurisdiccional, directamente o a través de las personas jurídicas legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos, el cumplimiento del derecho a las prestaciones y servicios que reconoce la presente ley».

Zonas básicas
La Región se dividirá en zonas básicas de servicios sociales, constituidas «por un municipio, por una o más partes del mismo, o por una agrupación de municipios que presenten características de proximidad, con una población de al menos 10.000 habitantes». En cada zona básica habrá un centro de servicios sociales de Atención Primaria. Se establece un mínimo de 5 profesionales por zona básica.

Con carácter excepcional
«se podrán constituir zonas básicas de servicios sociales con población inferior a 10.000 habitantes cuando las necesidades específicas así lo requieran, o cuando haya un número de profesionales mínimo adscrito a la zona». Además, las zonas básicas podrán dividirse en unidades básicas de servicios sociales.

Historia social única
«Todas las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales tendrán una única historia social que se iniciará en el nivel de los Servicios Sociales de Atención Primaria y recogerá el conjunto de la información relevante sobre su situación, evolución, así como el Programa Individual de Atención Social».

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