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Servicios Sociales 'copia' a Sanidad y dibuja su propio mapa de áreas de atención

sábado 28 de julio de 2018 Fuente: La Opinión (Ana García)

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La Consejera Violante Tomás presenta a los agentes implicados el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales para que hagan sus aportaciones

La nueva norma regional reconocerá un catálogo de prestaciones a las que los usuarios tendrán derecho y la Historia Social Única.

Reparto de competencias autonómicas y locales

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Al igual que el mapa sanitario regional divide el territorio de la Comunidad Autónoma en áreas de salud y zonas básicas para organizar los recursos y la atención a los pacientes, las políticas sociales también contarán con una distribución propia que permitirá mejorar la prestación de servicios. Esta es una de las principales novedades que introduce el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales en el que está trabajando la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia.

Estas áreas y zonas básicas de servicios sociales se determinarán mediante la división territorial de un municipio o las zonas o partes del mismo, así como la agrupación de varias localidades que compartan características similares. Precisamente en este mapa es el que están trabajando los técnicos de la Consejería, quienes tienen claro que cada una de estas zonas deberá tener, al menos, una pobación de 10.000 habitantes. Desde Familia e Igualdad de Oportunidades señalan que con carácter excepcional se podrán constituir zonas básicas de servicios sociales con una población inferior a 10.000 personas cuando las necesidades lo requieran o cuando haya un número de profesionales mínimo de cinco adscrito a la zona.

La propia consejera mantuvo ayer un encuentro con los miembros del Consejo Regional de Servicios Sociales, a quienes presentó el documento con el objetivo de que los distintos colectivos implicados puedan hacer sus aportaciones. Esta ha sido la última reunión de la semana, a la que han precedido otras similares con os representantes del Foro Regional de Inmigración, el Consejo Sectorial de Personas Mayores, al Consejo Sectorial de Minorías Étnicas y el Consejo Sectorial de Infancia y Familia.

El Consejo de Gobierno aprobó este anteproyecto de Ley de Servicios Sociales en su reunión del pasado 11 de julio al considerar que esta nueva norma es necesaria para ajustarse a la realidad social actual. La aprobación de distintas normativas (como la Ley de Dependencia o la Ley de Renta Básica), los cambios sociales y nuevas necesidades consecuencia de fenómenos migratorios, el envejecimiento de la población y las necesidades de apoyo a las familias, así como la exigencia de mejorar los servicios sociales han empujado al Ejecutivo a tomar esta decisión para elaborar una nueva ley que sustituya la de 2003.

Otra de las novedades es el reconocimiento del derecho subjetivo a las llamadas prestaciones garantizadas. La consecuencia de este reconocimiento es que las personas titulares podrán reclamar por vía administrativa y jurisdiccional el cumplimiento del derecho a las prestaciones y servicios que reconoce la ley. La norma recoge los principios de universalidad en el acceso e igualdad, de atención personalizada (según las necesidades específicas de los destinatarios del sistema) e integral, así como de continuidad y equidad. Para dar cumplimiento a los principios se regulan nuevos instrumentos como serán la Historia Social Única, el programa individual de atención social, el profesional de referencia y la tarjeta de información social.

Violante Tomás asegura que «cuando se apruebe vamos a avanzar en la construcción de un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, moderno, avanzado y garantista, orientado al bienestar de los ciudadanos, superándose el modelo de carácter asistencial. También se gana en transparencia y concreción, se define el catálogo de prestaciones y servicios como el instrumento fundamental que permite a los usuarios conocer a los que pueden acceder y los requisitos».

Reparto de competencias autonómicas y locales

En la organización territorial de los Servicios Sociales se han configurado dos niveles: primaria o de primer nivel de atención y especializado o de segundo nivel. Por ello se fijan las zonas básicas de servicios sociales, que a su vez podrán dividirse en unidades básicas de servicios sociales y otras divisiones territoriales.

La ordenación del Sistema de Servicios Sociales supondrá una distribución de competencias entre la Administración regional y las entidades locales, en el marco de la legislación estatal y en concreto, de la Ley de Bases de Régimen Local y demás normativa de aplicación.

Se ha regulado específicamente el contenido de los programas de Atención Primaria y el Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria, precisándose una ratio de profesionales atendiendo al número de habitantes de los municipios y fijando un porcentaje de financiación compartida de la Comunidad en función del tamaño de los municipios. Otra de las cuestiones que aborda la futura ley es la necesidad de coordinación con todas las administraciones, con la creación de un Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales. Por último, la nueva Ley fomenta la participación social, incorporando, junto a los órganos de participación ya existentes, la Mesa de apoyo al Tercer Sector, con la finalidad de institucionalizar la colaboración entre la Administración y la Plataforma del Tercer Sector.

Manuel Marcos Sánchez: “Los servicios sociales son el cuarto pilar del Estado del bienestar”
Sánchez reconoce que la nueva norma abordará los cambios de la sociedad en todos los contextos

El secretario general de la Consejería repasa la situación de los servicios sociales en la Región y las novedades que introducirá la nueva Ley en beneficio de los ciudadanos.

P Han pasado 15 años desde la anterior Ley. ¿Era necesario adaptar la normativa a la realidad social?
R Sin duda. La actual Ley de Servicios Sociales data de 2003 y, aunque un análisis de sus resultados ofrece datos muy positivos, es necesario afrontar los cambios de nuestra sociedad en todos los contextos. Hay un crecimiento de las necesidades y demandas de atención, protección social y de lucha contra la exclusión social. Hay también nuevas leyes que han ampliado los derechos sociales de las personas, como la Ley de Dependencia o la Ley de Renta Básica de Inserción. Y hay también cambios demográficos. Una nueva ley para afrontar todos estos retos, es necesaria.

P ¿Qué ventajas tendrán los usuarios con la nueva Ley de Servicios Sociales?
R La gran ventaja es alcanzar el objetivo fundamental de la ley: consolidar el Sistema de Servicios Sociales como el cuarto pilar del Estado del bienestar, junto con las Pensiones, la Educación y la Sanidad. Para ello se configura como un sistema público para la garantía universal de derechos sociales, asegurando el derecho subjetivo a la atención social básica y al acceso a las prestaciones garantizadas en condiciones de igualdad efectiva y equidad.

P ¿Será más fácil la organización con la división del territorio en zonas básicas de atención?
R El principio de proximidad en la atención es uno en los que se fundamenta la nueva ley. Para hacerlo efectivo diseña una nueva organización territorial con dos niveles de atención: las áreas, para los servicios sociales especializados; y las zonas básicas, para los servicios sociales de atención primaria. También se regula la figura de Zona Vulnerable para atender situaciones especiales. Todo ello estará recogido en el Mapa de Servicios Sociales de la Región.

P ¿Qué peso tienen los servicios sociales municipales en la atención a los ciudadanos?
R Son fundamentales porque se ocupan de la atención directa a los usuarios a través de los servicios sociales de atención primaria. Son imprescindibles. Por ello se ha incluido un capítulo dedicado a estos profesionales, regulando sus derechos y deberes, código deontológico, la acción formativa, etc.

P ¿Cuántas personas reciben ayuda social en la Región?
R En estos momentos, los servicios sociales de atención primaria han registrado la atención de prácticamente 99.700 personas el último año. Además, hay ya un número considerable de personas, en torno a 34.000, beneficiarias de prestaciones del sistema de la dependencia. A lo que hay que añadir también las personas atendidas por la iniciativa social, con sus diferentes programas.

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