Reunión del Grupo de Trabajo de Servicios Sociales del Consejo Andaluz

Es la conclusión del grupo de trabajo de Servicios Sociales que en el seno del Consejo Andaluz viene trabajando durante los últimos tres años para conseguir la aprobación de una nueva ley de Servicios Sociales para Andalucía y hoy ha mantenido una reunión en Almería.

A pesar de localizar en el articulado cuestiones que suponen un gran impulso en la protección social en Andalucía, muchas de las cuales ya adelantó con anterioridad el propio Consejo en su propuesta de Ley presentada en la jornada celebrada en abril en el Parlamento ; véase el establecimiento de procedimientos de urgencia, la libre elección de profesional y el derecho a un segundo diagnóstico o la atención centrada en la persona, la incorporación de las cuestiones éticas o la innovación e investigación, hay otras cuestiones que causan gran inquietud al colectivo.

En palabras de la presidenta del Consejo Encarna Peláez, haciéndose eco del sentir de los profesionales que han dado traslado de su opinión en el foro abierto creado al efecto “ es decepcionante que una Ley en la que se habían depositado tantas esperanzas sea un campo de minas para la protección social en Andalucía; no asegura derechos, ni financiación ni tasas de cobertura, expulsa de los servicios garantizados a una prestación tan importante como la Ayuda a Domicilio, abre las puertas de par en par a la privatización de servicios y desplaza a la propia Consejería en beneficio de La Agencia de Servicios Sociales”. Y la representante de los trabajadores sociales andaluces añade además que “ técnicamente también es decepcionante; deja traslucir un modelo de servicios sociales centrado exclusivamente en la intervención individual obviando el ámbito grupal y comunitario o definiciones ampliamente superadas en la doctrina científica.

Ante esta situación en la que la profesión no respalda el anteproyecto del ejecutivo andaluz, el Consejo va a presentar un amplio número de alegaciones y un texto articulado alternativo que entiende que garantizará con más nitidez los derechos sociales de la ciudadanía andaluza desde una perspectiva más avanzada y garantista.