El Trabajo Social rechaza la medida del Ayuntamiento de Madrid que obliga a informar a las mujeres sobre un inexistente “síndrome post aborto”

Esta medida, impulsada por un partido político de extrema derecha, representa un retroceso en derechos fundamentales y carece de rigor científico. Cabe recordar que la definición clínica y los criterios diagnósticos del trastorno de estrés postraumático son establecidos principalmente por los sistemas clasificatorios internacionales en psiquiatría, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V) y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la OMS, estos manuales proporcionan las directrices detalladas que se utilizan como referencia principal tanto en la práctica clínica como en la investigación a nivel internacional, no reconociéndose en ninguno de ellos el síndrome anteriormente indicado.

Asimismo cabe recordar que conforme el artículo 24.2 de la Ley Orgánica 1/2023, según la modificación de la Ley Orgánica 2/2010, establece respecto a la responsabilidad institucional que las administraciones públicas debe garantizar el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo poniendo especial atención en evitar prácticas dirigidas a modificar la voluntad de la solicitante respecto a la interrupción o no del embarazo, su comunicación o ejecución, indicando que sólo será admisible la información clínica imprescindible y pertinente.

Desde el Trabajo Social defendemos el derecho, reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, de todas las mujeres a decidir libre y autónomamente sobre su vida y su salud reproductiva, sin presiones ni condicionamientos externos. Las mujeres no somos un colectivo: somos más de la mitad de la población y sujetos plenos de derechos. Todas las razones que guían la decisión de interrumpir un embarazo son válidas y legítimas.

El derecho al aborto en la sanidad pública es accesible a todas las mujeres a partir de los 16 años, sin necesidad del consentimiento de familiares, con la posibilidad de decidir quién las acompaña. Legalmente, salvo solicitud expresa de la mujer, no se puede ofrecer información sobre la maternidad ni invitar a reflexionar sobre ella en domicilios particulares. Los centros hospitalarios están obligados a garantizar la atención y la práctica del aborto, aunque la objeción de conciencia, regulada legalmente, no puede ser utilizada como excusa para negar la asistencia.

En el Código Deontológico del Trabajo Social (2012) se establece que nuestra praxis profesional debe fundamentarse en los valores universales de dignidad humana, igualdad y libertad. Obligar a profesionales del Trabajo Social a transmitir información no científica vulnera nuestra ética profesional y los derechos de las mujeres a recibir información veraz, protegida también por la Ley 41/2002 de autonomía del paciente.

Asimismo, la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, modificada por la LO 1/2023, orienta la actuación profesional al respeto, protección y garantía de los derechos humanos, incluida la autonomía personal y la salud sexual y reproductiva.

Nuestra profesión está comprometida con los derechos humanos y la justicia social, y no puede ser cómplice de medidas que niegan la autonomía y la dignidad de las mujeres. Desde una perspectiva feminista, denunciamos que estas iniciativas perpetúan un modelo paternalista y de control sobre los cuerpos y las decisiones de las mujeres, en lugar de garantizar su libertad y ciudadanía plena. Además, consideramos que ante bulos como este, tan dañinos para la salud sexual y reproductiva, la educación afectivo-sexual desde la primera infancia es más necesaria que nunca.

Reiteramos nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con el ODS 3 (Salud y Bienestar) y el ODS 5 (Igualdad de Género), ya que esta medida contradice directamente ambos objetivos.

En palabras de Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General del Trabajo Social:
“La igualdad no se negocia. Las mujeres tenemos derecho a decidir libremente sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Cualquier intento de limitar o coartar esta libertad es un atentado contra los derechos humanos, contra los derechos de las mujeres y contra los valores esenciales de nuestra profesión”.

Como señalamos al inicio, lo ocurrido en Madrid no es un hecho aislado: en otras ciudades, como Pamplona, se celebran conferencias sobre embarazo no deseado y, en Navarra, algunas entidades promueven la cultura de la vida y la defensa de la maternidad dónde difunden información sobre un supuesto trauma postaborto.

Frente a ello, el Consejo General del Trabajo Social mantiene firme su compromiso con:

- La defensa de los derechos humanos y de las mujeres como sujetos plenos de derechos, no como un colectivo al que tutelar.

- La autonomía personal y la dignidad como principios irrenunciables de la profesión.

- Una práctica profesional basada en la evidencia científica, y no en creencias ideológicas.

- La construcción de una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa con la dignidad y los derechos de todas las personas.

- Velar por el derecho a la decisión tomada, garantizando que no esté sometida a exposición pública.

Hacemos un llamamiento a las instituciones para que garanticen marcos de actuación que protejan la autonomía personal de las mujeres y aseguren el respeto a los principios fundamentales del Trabajo Social.

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