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Afrontar la constante externalización y dotar de recursos al mundo rural: desafíos de los Servicios Sociales en Castilla y León

jueves 1 de diciembre de 2022 CGTS

El Consejo General, en colaboración con el Consejo Autonómico de Trabajo Social de Castilla y León y la Facultad de Educación y Trabajo Social de La Universidad de Valladolid, presentaron el IV informe ISSE en una nueva edición del Ciclo de Conferencias, profundizando en la realidad de la comunidad de Castilla y León.

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La inauguración del acto, dirigido a responsables de los Servicios Sociales tanto de titularidad pública como de carácter privado en materia de servicios sociales, autoridades del mundo académico de las Ciencias Sociales, estudiantes, profesionales de los servicios sociales, y trabajadoras/es sociales, se mostraron los resultados, fue a cargo del decano de la Facultad de Educación y Trabajo social de la Universidad de Valladolid, Mariano Rubia Avi.

Jezabel Lucas García, responsable del Comité Académico y de Calidad del Grado en Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, reivindicó desde la perspectiva crítica y de género que caracteriza a nuestra profesión de Trabajo Social, a las Administraciones y las entidades de lo social, a la sociedad y a otros agentes sociales poner en el centro de todo a los cuidados y “cuidar a quien nos cuida”.

Como representante de la profesión en Castilla y León, M.ª del Mar González Prieto, presidenta del Consejo de Colegios de Trabajo Social de Castilla y León, puso en valor la herramienta y los datos sobre todo para generar diálogo con los/as responsables políticos y los/as empleadores/as de Servicios Sociales en el territorio.

En la inauguración Emiliana Vicente González, presidenta del Consejo General de Trabajo Social, dio unas primeras pinceladas del informe como elemento de cabecera, reflexión y análisis de la profesión y agradeció a las autoridades y asistentes presentes el interés generado por la realidad mostrada.

Eduardo García Brea, director general de personas mayores, personas con discapacidad y atención a la dependencia de la Junta de Castilla y León, recalcó las principales características de la comunidad, con una gran dispersión atomizada,
eminentemente rural y con una población ampliamente envejecida, condicionando por ello las prestaciones que desde los servicios sociales se ofrecen. Por ello, “el reto de Castilla y León es desarrollar un sistema universal gestionado en base a una planificación adecuada y capaz de llevar los servicios y prestaciones de los servicios sociales a todos los puntos de los territorios”.

La presentación de este informe en la facultad sirve para poner encima de la mesa la importancia y la relevancia que tiene esta profesión para atender a las personas que más necesidades tienen.

Tras la mesa se presentaron los resultados del informe de la mano de Emi Vicente y Luis Nogués, coordinadores del informe, incidiendo en los siguientes puntos:

Los Servicios Sociales se mantienen como el ámbito laboral mayoritario de las trabajadoras sociales, especialmente en la atención primaria o básica.

El IV ISSE muestra una clara preponderancia de los servicios sociales como principal ámbito laboral del Trabajo Social concentrándose en este el 74%; a continuación, está el ámbito de la salud con un 18%, pero se observa una incorporación progresiva en los otros pilares y políticas públicas del Estado de bienestar social como educación, empleo, vivienda y garantía de ingresos. Por su parte, los servicios sociales de atención primaria representan el 58% y los servicios sociales especializados el 42%; si comparamos estos datos con los del ISSE III (2019) se observa una clara reducción de la atención primaria y un incremento en la atención especializada. Esta tendencia no es exclusiva de los Servicios Sociales, estamos asistiendo a un proceso similar en el sistema de salud. Sin embargo, la atención primaria debe ser el eje del sistema público porque permite una mejor resolución de problemas de forma más accesible, y favorece la confianza y la participación de las personas usuarias.
La investigación pone de manifiesto una creciente fragmentación de las relaciones laborales entre las y los profesionales de los Servicios Sociales, de manera más alarmante en algunas comunidades autónomas. Un movimiento que expresa un modelo cada vez más heterogéneo, flexible, precarizado, desprofesionalizado y asentado en la práctica reiterada de no reconocer contractualmente la figura de “trabajadora social”, sobre todo en el ámbito de la empresa privada y el Tercer Sector.
El 31% de las trabajadoras sociales que ejercen en el ámbito privado lucrativo no tienen reconocida contractualmente su figura profesional, siendo especialmente más notable esta situación entre la población más joven. La inestabilidad laboral “campa a sus anchas” en el ámbito de lo social, el 49% de las trabajadoras sociales tienen contratos inestables y a tiempo parcial. En esta situación influye que el sector público aglutina cada vez más a un mayor número de profesionales en situaciones de interinidad, y que las profesionales que ejercen en el Tercer Sector (23%) y en la empresa privada (31%) poseen formas contractuales precarizadas. La preocupación aumenta si se pone el foco en las profesionales más jóvenes, cuya inseguridad laboral alcanza al 61% entre aquellas trabajadoras menores de 35 años.

La mirada de género también está muy presente en este informe, que fija la atención en las diferencias laborales entre mujeres y hombres. El 89% de las trabajadoras sociales son mujeres, sin embargo, son ellas las que siguen en puestos de atención directa, en la base de la intervención social, frente a los trabajadores sociales hombres, que sí consiguen una mayor presencia en cargos de dirección, coordinación u otras posiciones jerárquicas, especialmente en los tramos más altos de edad. La tasa de masculinidad se encuentra en España en el 10 , mientras que en Castilla León esta tasa es del 9.

Estas diferencias de género también afectan a la salud mental de las profesionales, sufriendo las mujeres más ansiedad, estrés y queme profesional. Las tasas de ansiedad entre las profesionales de Servicios Sociales se incrementan entre quienes están en la atención primaria: el 34% de esas profesionales de primera línea afirma sentir elevados niveles de malestar emocional.

No obstante, y a pesar del escenario expuesto, la tasa de las trabajadoras sociales que declaran mayor satisfacción en su ejercicio profesional se sitúa en un 82%, siendo Castilla y León el tercer territorio con mayor satisfacción profesional con una 78%; probablemente este dato esté relacionado con la mayor estabilidad en el empleo. Y por lo que respecta al mayor o menor grado de acuerdo con el hecho de haber asumido funciones impropias de la labor del trabajo social, solo el 54% de las trabajadoras sociales de Castilla y León están de acuerdo con este hecho, uno de los porcentajes más bajos de toda España.

Cambios en los perfiles de las personas usuarias de los Servicios Sociales

El 90% de las trabajadoras sociales tratan con personas usuarias a diario, lo que permite hacer una aproximación al retrato de estas personas. Se mantiene el perfil clásico de persona usuaria compuesto por mujeres (el 70% de las personas atendidas son mujeres), de nacionalidad española (70%), de edades adultas (39%) o avanzadas (33%), sin estudios o con bajos niveles educativos (78%) y sin empleo, pensionistas o dedicadas a labores del hogar (79%). El 46% de los casos las personas usuarias presentan algún tipo de discapacidad.

Además de este perfil tradicional, este IV Informe ISSE arroja nuevos elementos característicos en los perfiles de personas usuarias. Se incorporan personas trabajadoras con empleos precarios (11%), con niveles educativos de bachiller o superiores (23%) y cada vez más jóvenes (28%). La aparición de estos nuevos perfiles informa de la gravedad y la profundidad de la crisis social que la pandemia ha agudizado y cuyo efecto se advierte por parte de las trabajadoras sociales desde hace tiempo.

Las comunidades en que se ha registrado una menor percepción de la emergencia de nuevos perfiles durante la pandemia del COVID han sido Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cantabria, cuyos porcentajes se encuentran entre el 69% y el 71%, comunidades con menor dependencia del sector servicios. Situando a Castilla y León entre las comunidades que mejor han resistido el impacto de la pandemia.

Afrontar la constante externalización y dotar de recursos al mundo rural: desafíos de los Servicios Sociales del futuro
Relacionado con la financiación que sostiene a los Servicios Sociales el informe muestra como la Administración Pública sigue siendo el principal empleador de trabajadoras sociales en España (61%), porcentaje en retroceso por el incremento de las externalizaciones. De esta forma, el 39% de las trabajadoras sociales de España ejercen en el sector privado. Además, el IV ISSE pone sobre la mesa datos reveladores para entender la dependencia de la gestión privada de la financiación pública: el 66% del Tercer Sector y el 46% de empresas privadas se financian mayoritariamente con fondos públicos. Estos datos advierten de los altos niveles de externalización en los Servicios Sociales de España.

Estos niveles de externalización varían según comunidades autónomas y según el destino de la financiación. Así destacan La Rioja, Madrid y Galicia como los territorios con mayor tendencia a externalizar hacia el sector lucrativo empresarial, frente a Euskadi, Canarias y Cantabria, cuya externalización se dirige hacia el sector privado no lucrativo. En el otro eje se encuentran las comunidades con baja externalización destacando, especialmente, Islas Baleares, Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha.

Las diferencias territoriales se perciben también en este IV ISSE en la infradotación de recursos que soportan las zonas rurales. Existe una tendencia a concentrar los servicios y los recursos en las áreas urbanas, mientras que hay una mayor dejación y se ofrece solo la atención básica indispensable para las zonas menos pobladas. Además, los salarios de las profesionales en el mundo rural son más bajos que la media nacional, especialmente en zonas interiores del sur de España y en las zonas más despobladas del norte. Preocupa el caso de Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón, donde hay tasas significativas de profesionales que perciben salarios por debajo de los 1.500€ mensuales. La media nacional se sitúa en el 36%, siendo principalmente en las comunidades autónomas del norte de España aquellas que obtienen resultados sensiblemente por debajo de la media; es decir, territorios en que existe una menor proporción de trabajadoras sociales colegiadas con bajos salarios. En el caso de Castilla y León (29%).

Para tratar de atajar las históricas desigualdades que impregnan el sistema de Servicios Sociales y con el fin de blindar lo público, el 84% de las trabajadoras sociales se muestra muy de acuerdo con la aprobación de una Ley Estatal de Servicios Sociales que actualmente se encuentra en fase de elaboración por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Lo que parece evidente es que las políticas de ajuste de estos últimos años sumadas a los datos que arroja el IV Informe ISSE del Consejo General del Trabajo Social, indican la urgencia de reforzar y consolidar el sistema público de Servicios Sociales. Desestructurarlo a través de una progresiva mercantilización, cuando hay otra crisis que está en marcha, tendrá efectos muy negativos para la ciudadanía y la cohesión social.

La Jornada se cerró con la presencia de Rafaela Romero Viosca, concejala de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de Valladolid, que reivindicó el papel de los y las trabajadoras sociales, sobre todo del enfoque comunitario, “porque no hay integración si no hay una comunidad que respalde el trabajo individual con la persona”.

El diputado delegado del Área de Servicios Sociales e igualdad de Oportunidades de la Diputación de Valladolid, David Esteban Rodríguez, quiso reconocer la labor de las trabajadoras sociales haciendo referencia a la sobresaliente nota de la ciudadanía a su trabajo en la última encuesta de calidad de los Servicios Sociales en la Diputación.

En el cierre del acto Carmen Heras Zamarro, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Valladolid y Segovia y en representación de los siete colegios de la comunidad, dio las gracias por este trabajo al Consejo General y reivindicó la necesidad de la colegiación en la profesión del Trabajo Social, participe en esta investigación.

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