Desde el Consejo General del Trabajo Social nos adherimos al pronunciamiento de la Coalición Internacional para la Abolición de la Gestación Subrogada

Como trabajadoras sociales, profesionales del ámbito social, trabajamos desde una perspectiva de género y de derechos humanos, reconociendo que la gestación subrogada reproduce y profundiza las relaciones de desigualdad estructural entre hombres y mujeres, así como entre países y clases sociales.
Entendemos que esta práctica se sustenta en la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, instrumentalizando sus funciones reproductivas y negando su autonomía real, especialmente en contextos de vulnerabilidad económica, social o cultural.

Desde esta mirada crítica, la gestación subrogada no constituye un acto de libertad individual, sino una manifestación contemporánea de violencia de género y desigualdad global. Las mujeres gestantes suelen verse expuestas a presiones económicas, psicológicas y sociales que limitan su capacidad de decisión, mientras que las niñas y los niños nacidos bajo este régimen contractual se ven profundamente afectadas y afectados en su identidad, filiación y desarrollo emocional y social.

En términos de impacto social, la normalización y regulación de esta práctica refuerzan una lógica de mercado basada en la compra y venta de cuerpos y vínculos humanos, debilitando los principios éticos y las políticas públicas de protección a la infancia e igualdad de género. Este modelo intensifica las brechas de desigualdad, legitima la explotación reproductiva y contradice los valores que sustentan el trabajo social: la dignidad, la justicia social y la igualdad de oportunidades.

Por todo ello, reafirmamos nuestra posición y colaboración para respaldar la necesidad de promover marcos internacionales que protejan los derechos de las mujeres y de la infancia, desde una visión de justicia social, ética feminista y solidaridad internacional.