El Consejo General presenta aportaciones al Proyecto de Real Decreto sobre el grado de discapacidad

En relación con el proyecto de Real Decreto felicitamos la apertura de este trámite y la disposición desde el Ministerio para avanzar en esta norma. El texto avanza en cuanto a la valoración de la discapacidad, en consonancia con el CIE-10 y la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Nos satisface contemplar que la lucha de entidades como las de TDHA y TEA se han contemplado, especialmente en el déficit de las barreras sociales habituales en estos colectivos, aun siendo un gran avance continúa siendo en algunos aspectos una valoración enfocada y exhaustiva para personas con discapacidad física. También se valora positivamente el establecimiento de medidas de calificación de urgencia, para las personas con patologías que presentan una evolución acelerada.

Consideramos de vital importancia el que en los equipos multidisciplinares esté representada la figura del y de la trabajadora social para garantizar una correcta valoración de la situación social de la persona con discapacidad. Más aún cuando con la entrada en vigor de la Ley 8/2021, se modifican el artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como el artículo 42.bis de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, ambos preceptos establecen la obligatoriedad de que sean recabados los dictámenes periciales necesarios y especializados de los ámbitos social y sanitario para acreditar la necesidad de la adopción de las medidas de apoyo.

Es preciso definir la composición mínima de los equipos multiprofesionales, manteniendo la referencia expresa a profesionales de Trabajo Social. Por ello, proponemos que se incorpore expresamente a los/as profesionales de Trabajo Social como parte de la composición mínima de los equipos multiprofesionales. Los y las trabajadoras sociales serán los que van a poder valorar la incidencia de los factores sociales, barreras ambientales que interseccionan en la persona con discapacidad y/o en la persona a la que se le va a valorar la discapacidad y que podrá determinar también los apoyos que requiere la persona dependiendo de la discapacidad que tenga y de la realidad social y ambiental en la que viva.