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El Consejo General se reúne con la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales para tratar el IMV

martes 18 de mayo de 2021

El Consejo General del Trabajo Social se ha reunido con Patricia Bezunartea Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales para exponerle la necesidad urgente de poder encontrar elementos sobre los que reforzar la agilidad del procedimiento, la seguridad jurídica y corregir las disfuncionalidades detectadas en los meses de vigencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Durante el encuentro, que ha tenido lugar este 17 de mayo, han estado presentes:

  • Emiliana Vicente, Presidenta del Consejo General del Trabajo Social.
  • Antonio Nisa, Presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Badajoz.
  • Ana Vilar, Vocal del Consejo General del Trabajo Social.
  • Maricruz Vergillos, Gerente del Consejo General del Trabajo Social.

Hoy, 18 de mayo, se reúne el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En el orden del día de la sesión con las consejerías de Servicios Sociales y de Dependencia de cada una de las comunidades autónomas se abordará el Ingreso Mínimo Vital.

Se han redactado cuatro reales decretos leyes parar reforzar la agilidad del procedimiento a través del cual se reconoce esta prestación. Sin embargo, los efectos actuales en su tramitación son justo los contrarios. Nos encontramos en un proceso de su tramitación tortuoso, farragoso y complicado para la ciudadanía y para la gestión de los Servicios Sociales.

La semana pasada informábamos de la reunión intercolegial Collegium, sesión monográfica dedicada al Ingreso Mínimo Vital. En ella concluíamos que: desde el Consejo General y los colegios oficiales de Trabajo Social, dentro de nuestras competencias, queremos contribuir al desarrollo de esta norma, presentando propuestas de enmiendas correspondientes a la tramitación del Real Decreto Ley 3/2021 a Proyecto de Ley, suprimiendo en el capítulo II artículo 3 el apartado 9, en el que se requiere un certificado expedido desde los Servicios Sociales. Creemos que sí debemos formar parte del proceso de gestión del IMV aportando dichos certificados, ahogaremos definitivamente el Sistema Público de Servicios Sociales.

Existen soluciones garantistas, como es reconocer la declaración jurada de las personas solicitantes, que les facilita a estas el reconocimiento y el acceso a la prestación, así como su autonomía a la hora de demostrar la realidad en la que viven. Concluimos en la sesión Collegium que ha ser el propio/a solicitante quién le declare al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la situación en la que se encuentra con respecto al artículo 9 para que así se elimine la necesidad del certificado de servicios sociales.

Es preciso, además, modificar la palabra certificado por la de informe, que las solicitudes se realicen entre las administraciones (Dirección Provincial del INSS a los Servicios Sociales de Atención Social Primaria), que sea la legislación o nuestra organización profesional quien unifique el criterio de riesgo de exclusión social y el instrumento de valoración y que se elimine la obligatoriedad de la realización anual del informe por parte de los servicios sociales. Los plazos para que los servicios sociales puedan ofrecer una respuesta a la petición realizada por la persona solicitante deben de ser superiores a los diez días y se ha pedido la paralización de los plazos administrativos para que no se denieguen las solicitudes de la prestación.

Nos consta que en la reunión de hoy las Comunidades Autónomas trasladarán parte de estas propuestas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Confiamos que igualmente se aborde la necesidad de establecer pasarelas y la complementariedad entre la tramitación de las Renta Mínima de Inserción (RMI) con el IMV.

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