II Comunicado del Consejo General del Trabajo Social y el Consejo Andaluz de Trabajo Social ante la situación humanitaria y migratoria en Ceuta

Desde el Consejo General del Trabajo Social y el Consejo Andaluz de Trabajo Social recordamos que los niños, niñas y adolescentes son personas titulares de derechos y, como tales, todas las decisiones que les afecten deben adoptarse desde el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico y de los compromisos internacionales asumidos por España.

La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, así como el artículo 39 de la Constitución Española, establecen de forma inequívoca que el interés superior del menor debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. Este principio no es una opción política, sino una obligación legal para todos los poderes públicos.
Por ello, el Consejo General del Trabajo Social y el Consejo Andaluz de Trabajo Social exigen que cualquier acuerdo que se adopte en relación con la acogida, derivación, atención o protección de estos menores garantice plenamente sus derechos y no suponga, en ningún caso, un retroceso en las garantías de protección de la infancia.

Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de ofrecer respuestas coordinadas, suficientes y basadas en los derechos humanos, dotando de los recursos necesarios al sistema de protección y evitando decisiones que puedan generar situaciones de desamparo, discriminación o vulneración de derechos.

La complejidad de los movimientos migratorios no puede justificar respuestas que debiliten el sistema de protección de la infancia.

Los retos que plantea esta situación deben afrontarse desde la cooperación institucional, la corresponsabilidad entre administraciones y el cumplimiento de la legalidad vigente, situando siempre en el centro el bienestar y la protección de las niñas, niños y adolescentes.

Como profesionales comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la justicia social, las trabajadoras y trabajadores sociales reiteramos nuestro compromiso con la protección de la infancia y la adolescencia, especialmente de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

El Consejo General del Trabajo Social y el Consejo Andaluz de Trabajo Social hacen un llamamiento a todas las administraciones públicas y a los poderes políticos para que las decisiones que adopten estén guiadas por el interés superior del menor y el respeto a los derechos humanos, recordando que ningún acuerdo político puede situarse por encima de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.