III Comunicado del CGTS ante la situación humanitaria de Ceuta
Desde Consejo General del Trabajo Social (CGTS) reclama más recursos de acogida y protección, una mayor coordinación institucional y garantías de atención para las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, a través de este tercer comunicado.
El CGTS advierte de que todavía hay personas sin una alternativa adecuada de acogida, entre ellas niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares, mujeres víctimas de violencia, posibles víctimas de trata, solicitantes de protección internacional y familias con hijos e hijas a cargo.
Ante esta realidad, el CGTS reclama una respuesta coordinada y sostenida que garantice los derechos fundamentales y el acceso a una atención social, sanitaria, jurídica y psicosocial adecuada.
*Reconocimiento a los equipos profesionales
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El Consejo pone en valor la labor de las trabajadoras y los trabajadores sociales y del conjunto de profesionales de los servicios sociales, sanitarios, educativos, de emergencias, de acogida y de las entidades humanitarias que sostienen la atención en un contexto de elevada complejidad.
Su intervención resulta esencial para cubrir necesidades básicas, proteger a la infancia, detectar situaciones de vulnerabilidad y facilitar el acompañamiento social y la coordinación entre recursos. Por ello, el CGTS considera imprescindible reforzar los recursos humanos, materiales y económicos que permitan desarrollar esta labor en condiciones adecuadas.
*Más protección y coordinación institucional
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El Consejo reclama a las administraciones competentes que amplíen los recursos de acogida, mejoren la coordinación institucional y garanticen una atención individualizada, especialmente a las personas con mayores necesidades de protección.
De igual forma, manifiesta su preocupación por los discursos de odio y las actitudes xenófobas, racistas e islamófobas, y recuerda que la gestión de las fronteras y la garantía de los derechos humanos deben desarrollarse de manera simultánea.
El CGTS recuerda su compromiso con la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, e insta a las administraciones a proporcionar el apoyo necesario tanto a las personas migrantes como a los equipos profesionales que las atienden.
La protección de la vida, la dignidad humana y los derechos de la infancia deben ser la base de cualquier respuesta institucional, junto con el reconocimiento a quienes trabajan en primera línea de la atención humanitaria.
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