Puertas y Ventanas Abiertas a los Derechos Sociales para Todas y Todos
El Consejo General del Trabajo Social presenta estas propuestas políticas dirigidas a las formaciones políticas con el objetivo de situar los derechos sociales, la igualdad y la justicia social en el centro de la acción política. Estas propuestas constituyen una llamada a las formaciones políticas para asumir compromisos concretos, presupuestarios y normativos que permitan avanzar hacia un modelo de sociedad más igualitario, cohesionado y justo.
Reclamamos Políticas Sociales que eliminen barreras, que abran puertas y ventanas que den acceso a derechos irrenunciables como la Salud, la Educación, los Servicios Sociales, el Empleo, la Garantía de Rentas, la Vivienda y la Justicia; que ahonden en erradicar definitivamente la desigualdad de género, que posibiliten la integración real y efectiva de las personas procedentes de otros países, que preserven las políticas de cuidado, y que luchen de manera decidida contra la pobreza y la desigualdad social.
En un contexto de extremada tensión política y social, en el que la ciudadanía expresa públicamente la toma conciencia sobre la progresiva precarización de la vida, la usurpación privada de bienes que han de ser considerados colectivos, la falta de perspectivas de un futuro digno y el intenso dolor que la vulneración de los derechos sociales provoca sobre las personas, el Consejo General del Trabajo Social, manifiesta públicamente su compromiso inquebrantable con la Justicia Social, la defensa de los Derechos Humanos y la Igualdad, y la protección de la convivencia comunitaria, RECLAMA a quienes aspiran a ser representantes institucionales de la voluntad popular, su compromiso real con el desarrollo de políticas sociales integrales y universales, que apuesten decididamente y pongan en el centro a las personas y que rompan de manera radical la cada vez más alarmante desigualdad social, luchen de manera decidida por el ejercicio efectivo de los derechos humanos, garanticen la igualdad de oportunidades y una vida digna para todas las personas que forman parte de nuestra sociedad.
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RESUMEN EJECUTIVO
Proponemos reforzar y desarrollar siete ámbitos fundamentales de protección pública:
1. Servicios Sociales públicos, universales y garantistas. Superar definitivamente el asistencialismo y la precariedad mediante una Ley Estatal de Servicios Sociales, catálogos comunes de prestaciones reconocidas como derechos subjetivos, financiación suficiente y equitativa, plantillas profesionales estables y reconocimiento de su carácter esencial. Reforzar los cuidados, la autonomía personal, la atención comunitaria y la intervención social, reduciendo la burocracia y garantizando el acompañamiento profesional.
2. Sanidad universal y atención integral. Garantizar el acceso efectivo a la sanidad pública sin exclusiones, reforzar la atención a la salud mental, la prevención de las adicciones y la atención a la soledad no deseada. Incorporar el Trabajo Social a las estrategias sanitarias y avanzar en su reconocimiento como profesión sanitaria.
3.Educación como derecho y espacio de protección. Incorporar profesionales del Trabajo Social a los centros educativos, con equipos interdisciplinares y ratios adecuadas, para prevenir y abordar el absentismo, el abandono escolar, el acoso, las violencias y los problemas de convivencia y salud mental. Educar también significa proteger, prevenir y garantizar la igualdad de oportunidades.
4.Garantía de ingresos para vivir con dignidad. Mejorar la cobertura y la gestión del Ingreso Mínimo Vital, reducir la burocracia y articular un sistema de garantía de ingresos basado en la compatibilidad de prestaciones y en el doble derecho a la protección económica y a la inclusión social. Avanzar hacia la Renta Básica Universal y proteger el poder adquisitivo de las pensiones públicas.
5.Vivienda digna como derecho. Blindar el derecho a la vivienda, incrementar el parque público, impulsar el alquiler social y asequible, regular el mercado del alquiler y evitar los desahucios sin alternativa habitacional. Incorporar una perspectiva social, comunitaria, feminista y ecosocial a las políticas de vivienda.
6.Empleo digno y de calidad. Combatir la precariedad laboral y la pobreza de quienes trabajan, garantizar salarios suficientes y actualizar el Salario Mínimo Interprofesional. Facilitar el acceso al empleo de las personas en situación de vulnerabilidad mediante políticas activas, recursos de acompañamiento e igualdad retributiva.
7.Justicia accesible y cercana. Priorizar la mediación, la negociación efectiva y los mecanismos de resolución dialogada de conflictos frente a la judicialización. Reforzar los equipos psicosociales de los juzgados y garantizar el acceso a la justicia, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad.
También hemos incorporado otras propuestas en materia de políticas transversales para una sociedad más justa. Los derechos sociales requieren políticas que actúen sobre las causas estructurales de la desigualdad. Por ello, reclamamos:
- Igualdad y políticas feministas: incorporar la perspectiva de género e interseccional en todas las políticas públicas, combatir la feminización de la pobreza, erradicar las violencias machistas y garantizar los derechos de las personas LGTBIQ+.
- Lucha contra la pobreza y la desigualdad: reforzar las políticas de inclusión, garantizar la atención a las personas sin hogar, reducir las desigualdades territoriales y asegurar servicios y oportunidades tanto en el medio urbano como en el rural.
- Políticas migratorias basadas en los derechos humanos: garantizar la ciudadanía plena, la protección de las personas migrantes y solicitantes de asilo, y una atención digna en situaciones de emergencia y crisis humanitarias, con independencia del origen o la situación administrativa.
- Justicia fiscal y redistribución de la riqueza: impulsar una fiscalidad progresiva y equitativa que permita financiar servicios públicos universales, suficientes y de calidad.
- Justicia ecosocial y ecofeminismo: situar la sostenibilidad de la vida, los cuidados y la justicia ambiental en el centro de las políticas públicas, combatiendo la pobreza energética y la vulnerabilidad climática y promoviendo una transición ecológica justa.
- Convivencia, participación y democracia: fortalecer la participación ciudadana, el asociacionismo y los espacios de decisión colectiva, rechazando la discriminación, el racismo, la xenofobia y los discursos de odio.
Propuestas de Reconocimiento y regulación del Trabajo Social
La garantía de los derechos sociales necesita profesionales cualificados, reconocidos y con condiciones adecuadas para desarrollar su labor. Por ello, reclamamos un marco normativo estatal que regule y reconozca las funciones propias del Trabajo Social, incluyendo la reserva legal del diagnóstico social y el reconocimiento del informe social como instrumento técnico específico de la profesión.
Asimismo, defendemos el reconocimiento de las trabajadoras y los trabajadores sociales como profesionales de referencia del Sistema Público de Servicios Sociales. La incorporación al subgrupo A1 de la Administración pública y el reconocimiento de la figura de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. Así como la garantía de plantillas suficientes, ratios adecuadas y equipos profesionales estables.
El reconocimiento de la colegiación obligatoria como garantía de protección de la ciudadanía y del ejercicio profesional. La funcionalización del Trabajo Social penitenciario y el reconocimiento de sus competencias y responsabilidades profesionales.
El Trabajo Social no puede permanecer ajeno a los desafíos de nuestra sociedad. Desde sus principios éticos y profesionales, reivindica políticas que sitúen a las personas, los derechos humanos y la justicia social en el centro de las decisiones políticas.
Más igualdad. Más cohesión social. Más protección social. Más derechos. Por una sociedad más justa.
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