Reclamamos garantías en el proceso de regularización y defendemos el papel del Trabajo Social

La regularización, abierta desde abril de 2026 y vigente hasta el 30 de junio de 2026, permite solicitar autorización de residencia a todas aquellas personas que ya viven en nuestro país y forman parte activa de la sociedad. Para acceder, deberán acreditar su llegada a España antes del 1 de enero de 2026, permanencia continuada, carecer de antecedentes penales y cumplir alguno de los supuestos previstos en la normativa, como la existencia de contrato de trabajo, unidad familiar o situación de vulnerabilidad.

Desde el CGTS recordamos que la situación administrativa irregular constituye, en sí misma, un factor estructural de vulnerabilidad, al limitar el acceso al empleo formal, a derechos sociales básicos y a procesos de integración. Por ello, este procedimiento no puede abordarse únicamente desde una lógica administrativa, sino como una cuestión de justicia social y garantía de derechos.

Procedimiento y requisitos
La solicitud debe realizarse principalmente por vía telemática a través de los canales habilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, o de manera presencial con cita previa. Las personas interesadas deberán reunir documentación identificativa, pruebas de permanencia en España, certificados de antecedentes penales y, en su caso, documentación relativa a contrato de trabajo, unidad familiar o acreditación de vulnerabilidad.

En aquellos supuestos en los que no se pueda acreditar contrato o arraigo familiar, será necesario presentar un certificado de vulnerabilidad emitido por servicios sociales o por entidades del Tercer Sector habilitadas. Este certificado no equivale a un informe social completo y tiene efectos exclusivamente administrativos.

Puede consultarse más información aquí:

https://www.inclusion.gob.es/regularizacion

Riesgos y advertencias

Manifestamos nuestra preocupación por el impacto organizativo que este proceso puede generar en los servicios sociales, ya sometidos a una elevada carga de trabajo. Alertamos del riesgo de que se instrumentalice la intervención social reduciéndose a la mera emisión de certificaciones, desvirtuando la función propia del Trabajo Social como disciplina de acompañamiento, análisis y garantía de derechos.

Asimismo, advertimos de que la tramitación mayoritariamente digital puede convertirse en una barrera añadida para personas que ya se encuentran en situaciones de precariedad y exclusión.

Por ello, Reclamamos:
- Refuerzo inmediato de todos los equipos profesionales de servicios sociales municipales.

- Aplicación homogénea de los criterios en todo el territorio.

- Reconocimiento del Trabajo Social como agente clave en los procedimientos administrativos que afectan a derechos fundamentales.

- Garantías suficientes para que la regularización no dependa de desigualdades territoriales ni de interpretaciones restrictivas.

- Que este proceso garantice los derechos de todas las personas.

La regularización extraordinaria es una oportunidad para avanzar en cohesión social y seguridad jurídica. Miles de personas que ya viven, trabajan y contribuyen en nuestro país necesitan estabilidad administrativa para desarrollar su proyecto de vida con dignidad.

Desde el CGTS defendemos que este proceso debe aplicarse desde una perspectiva de derechos humanos, evitando enfoques restrictivos o meramente burocráticos, y asegurando que la intervención profesional del Trabajo Social se desarrolle éticamente desde el rigor técnico y con los recursos suficientes.

Para conocer los requisitos detallados, plazos y formularios oficiales, recomendamos consultar exclusivamente la información disponible en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Desde el CGTS continuaremos vigilantes para que este procedimiento se traduzca en una verdadera garantía de derechos y no en una nueva fuente de desigualdad o saturación del Sistema Público de Protección Social.

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