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De la vergüenza a la pérdida de dignidad, daños colaterales de la reforma local

miércoles 1 de mayo de 2013 NOSOTROS LOS MAYORES

Artículo de opinión de la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana I. Lima

El trabajo social rechaza los cambios que introduce el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en cuanto a servicios sociales se refiere, al considerar que desmantela esta estructura pública del sistema, con la excusa de la falta de presupuesto y la delegación de competencias. Las familias quedarán más desprotegidas, algo que nuestra sociedad no se puede permitir. Así lo ratificamos los 37 colegios profesionales de trabajo social en la asamblea general que celebramos el pasado 6 de abril, donde aprobamos el documento ‘El trabajo social ante la reforma de la Administración local’.
 
La norma plantea, de manera implícita, un desmantelamiento de los servicios sociales municipales, ya que aunque la ley aborda varios órganos y estructuras, el ahorro que plantea recaerá en estos. Además de otras consecuencias, de manera inmediata supondrá el agravamiento de la situación de emergencia social en que vivimos. La ambición real de la reforma no es mejorar el reparto de competencias. Su principio fundamental es hacer prevalecer los criterios económicos por encima de todo.
 
Así, el anteproyecto divide entre municipios de menos de 20.000 habitantes y localidades más grandes. Los primeros perderán todas las competencias en servicios sociales de primera atención. En cambio, los ayuntamientos más grandes podrán mantener algunas competencias en servicios sociales. Para el Consejo General del Trabajo Social esto demuestra que la reforma no se lleva a cabo por un problema de desorden. Si quisieran sólo centralizar y ordenar competencias, llevarían todos los servicios sociales a las comunidades autónomas.
 
Servicio asistencial
Además, los servicios sociales que se mantengan en los municipios de más de 20.000 habitantes no serán como los que se conocen ahora. Se perderán los valores que tanto ha costado instaurar: la proximidad, que sean integrales, que tengan la perspectiva preventiva, de promoción, sensibilización y con programas específicos. Pero el texto no define qué tipo de servicio se prestará, ni cómo se medirá su eficacia. Indica que será un servicio de información y valoración de la exclusión social y atención a la emergencia social. Es decir, que se prestará un mínimo solo asistencial, destinado a atender a los casos más graves, para no dejarles en situación extrema de necesidad.
 
Por tanto, servicios municipales como la prevención de la violencia de género, programas de atención a familia, la infancia, la ayuda a domicilio, centros de personas mayores… desaparecerán para ser competencia de las diputaciones o las comunidades autónomas. Pero en un contexto de crisis, donde las autonomías están endeudadas y deben cumplir los objetivos de déficit es difícil creer que se hagan cargo de estas prestaciones. Nuestros temores cuentan con antecedentes. El Gobierno ya ha avanzado que en 2014 va a eliminar la parte que ponía para financiar los servicios sociales municipales, rompiendo así el llamado Plan Concertado. Esta partida, en el último año ya se ha reducido un 65%.
 
Esta situación nos lleva a la vuelta a la beneficencia preconstitucional. Pero estaremos en una peor situación, porque ni siquiera tendremos ya las estructuras que sí existían en los años 60 y que acabó asumiendo el sistema público. Si el sistema público se desmantela, no hay nada. La reforma de la Administración Local abocará a muchas personas a la exclusión social. En cada municipio puede ser diferente la aplicación, dependerá del número de habitantes que tenga y del grado de responsabilidad que tengan con la ciudadanía los políticos que estén gestionando los servicios sociales.
 
A todo esto hay que sumar la lógica economicista que se esconde detrás. Hay ayuntamientos, como el de Galapagar (Madrid), que ya se han adelantado a la reforma y han mostrado la intención de llevar a cabo una gestión indirecta a través de empresas o tercer sector la gestión íntegra de sus servicios sociales, cuando ya se ha demostrado sobradamente que la gestión pública no es más cara que la privada. Las trabajadoras y trabajadores sociales consideramos que los servicios sociales deben garantizar la independencia del profesional para realizar la evaluación social. Aparte del código deontológico de los profesionales tiene que haber una garantía de la administración pública de que los diagnósticos sociales que hacen los trabajadores sociales de los servicios sociales de atención primaria tienen que ser independientes y garantizar el acceso a los recursos y con ello la garantía de los derechos sociales.
 
Las personas deben estar por encima de todo. Al inicio de la crisis nos encontrábamos con muchos casos de familias a las que les avergonzaba tener que acudir a los servicios sociales municipales a solicitar ayuda para superar las dificultades sobrevenidas a consecuencia del desempleo, el sobreendeudamiento y otras circunstancias, desde entonces, se han dado unos pasos gigantescos hacia otro camino, el camino que lleva a que las personas pierdan la dignidad. No podemos dejar de hablar de derechos y que suceda, como está sucediendo, que las personas se vean obligadas a acudir a llorar en programas televisivos para conseguir ayudas. No se puede dejar a la voluntad, la caridad, la ayuda a las familias.
 
Este cambio de paradigma está costando muy caro a la ciudadanía, porque dinero hay, pero está muy mal repartido, la protección social combate la desigualdad social desde la garantía de derechos. En este próximo escenario, es necesario remarcar el papel del tercer sector como complementario a todo el trabajo que se pueda hacer desde lo público y es de justicia reconocer su labor. Pero estas organizaciones no están para sustituir a la administración. Además, en la situación actual, si aceptan de manera incondicional la gestión de las estructuras básicas municipales de servicios sociales, deben ser conscientes de que se les está dando un caramelo envenenado. La administración pública les está ofreciendo prestar un servicio mediante un concurso público. Y los concursos se pueden anular de un año para otro… pero las necesidades de las personas usuarias, no solo no se desvanecen, sino que aumentan debido al desempleo y otros factores. Ante todo esto, las trabajadoras y trabajadores sociales nos preguntamos ¿dónde está la ética, el control y la tutela del Estado? Sobre todo cuando se está tratando con derechos fundamentales de las personas.
 
Un último dato a tener en cuenta: en servicios sociales, se ha marcado un plazo más corto para aplicar la reforma que en ninguna otra competencia, de un año. Esto indica la prisa que hay por desmantelar los servicios sociales. Es muy injusto. Esta ley podría desordenar y desmantelar todo el sistema de servicios sociales que llevamos décadas construyendo en el marco de un pacto democrático, en definitiva como ejemplo del desarrollo de un pacto de Estado. Asimismo puede suponer devolver a la gente a 40 años atrás, sin contar con el desempleo que va a generar en profesionales que trabajamos gestionando y prestando esos Servicios, en un contexto en que se está intentando fomentar el crecimiento. Esta involución en el sistema de servicios sociales supondría que en lugar de derechos e igualdad habrá caridad y lástima.