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La Encuesta Continua de Hogares 2014 muestra el sufrimiento real de las familias para llegar a fin de mes, pese a que el Gobierno insiste en la salida de la crisis

martes 28 de abril de 2015
El Consejo General del Trabajo Social considera que esta realidad prueba una vez más la necesidad de reforzar la red pública de servicios sociales

Según el estudio, uno de cada tres hogares españoles tiene deudas pendientes relacionadas con su vivienda.

El Consejo General del Trabajo Social (CGTS), órgano representativo de unos/as 40.000 trabajadores/as de toda España, destaca cómo la última Encuesta Continua de Hogares muestra que la pobreza sigue arraigada en España, aunque el Gobierno lance el mensaje de una incipiente recuperación económica. Los y las trabajadoras sociales ponen el foco en el hecho de que el 29,5% de los hogares españoles (5,4 millones) tengan pagos pendientes relacionados con la vivienda. Teniendo en cuenta que según la Encuesta en cada vivienda viven una media de 2,51 personas, alrededor de 13.552.530 personas están afectadas por estas deudas.

Por comunidades autónomas, Ceuta es la ciudad autónoma con el mayor porcentaje de familias con deudas derivadas de su vivienda en propiedad, con el 42% en esta situación. Le siguen Melilla, con el 34%, y Murcia con el 33%. En el lado opuesto, destaca la situación de Galicia, con un 19% de familias con deudas de su vivienda. No obstante, en general, la proporción es similar en todos los territorios.

Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de reforzar las políticas sociales públicas. Para los y las trabajadoras sociales, es necesario reforzar los servicios sociales, mejorar la respuesta ante los desahucios y mejorar la atención a las familias con este tipo de necesidades.

Las deudas relacionadas con la vivienda, unidas a la pérdida de trabajo y a la precarización en el mejor de los casos, imposibilita a millones de personas poder tener una vida digna. Se trata de familias que destinan gran parte de sus ingresos en pagar esas deudas y que se ven obligadas a elegir entre pagar los suministros eléctricos y de agua de sus hogares o dar de comer a sus hijos/as.

El CGTS también hace hincapié en cómo la Encuesta Continua de Hogares, que publica cada año el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra cómo la crisis ha afectado más a los inmigrantes. Las familias inmigrantes con una vivienda en propiedad representan 1 de cada 5. De 2013 a 2014, la disminución del porcentaje de inmigrantes con vivienda en propiedad ha sido del 1,1%, mientras que en los españoles ha sido de un 0,7%.

En este sentido, el CGTS también recuerda que 2014 finalizó con 45.298 desahucios realizados, un 15,54% más que el año anterior, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. 

El Consejo exige al Gobierno que repiense la propuesta de creación de oficinas de intermediación hipotecaria que le propuso, junto al Consejo de la Abogacía, y al que el Ministerio de Economía hizo caso omiso. La propuesta se basaba en la prevención. Por una parte, pedía el refuerzo de los servicios sociales para poder prever futuros impagos de hipotecas con su consiguiente desahucio. Por la otra, suponía una coordinación con la figura de un abogado de oficio para ayudar a las familias.

Los y las trabajadoras sociales conocemos de primera mano esta realidad y cómo los recursos que se están destinando para combatirla son insuficientes. Las cifras hablan por sí solas. En los últimos 4 años, los presupuestos destinados a servicios sociales han disminuido. Sólo teniendo en cuenta la partida Estatal ha sufrido un recorte de alrededor del 30%.

Por todo ello, el Consejo General del Trabajo Social reivindica la necesidad de intensificar las políticas sociales en general y en especial las relacionadas con la protección de garantía de mínimos. Las necesidades sociales por las que pasan millones de familias atentan contra la dignidad y los derechos sociales y humanos. Es evidente la insuficiente cobertura que proporcionan las actuales políticas sociales. Ante esto, el Consejo General propone actuaciones concretas como las Oficinas de Intermediación Hipotecaria (Modelo elaborado junto con la Abogacía Española) y el informe social para la valoración del riesgo de exclusión social ante la pérdida de la vivienda.

Los y las trabajadoras sociales reclamamos un giro urgente en las políticas sociales, de forma que aborden de manera sustantiva y transversal las realidades de vulnerabilidad que con tanta intensidad y cronicidad se muestran desde hace años en nuestras familias, vecinos y barrios de nuestras ciudades y con las que trabajamos todos los días.