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Los trabajadores sociales alertan del colapso de los servicios sociales si, como avanza Ana Mato, la atención sanitaria a los inmigrantes se estudia caso por caso

miércoles 9 de mayo de 2012
El Consejo general del Trabajo Social exige al Gobierno que se abra al diálogo y permita introducir cambios en la reforma sanitaria, que consideran “abusiva”
• Los trabajadores sociales insisten en que la exclusión sanitaria a inmigrantes y personas que no cotizaban viene de largo en autonomías como Madrid • El colectivo denuncia que la reforma sanitaria rompe la integración socio-sanitaria a la que se comprometió el Gobierno • La exclusión de los colectivos más vulnerables pone en peligro la cohesión social El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) denuncia que si, como ha insinuado la ministra de Sanidad esta mañana en RNE, la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular se estudia caso por caso, se acabarán colapsando los servicios sociales municipales. El colectivo exige al Gobierno que se abra al diálogo y se replantee la reforma, que consideran “abusiva”. Los profesionales del trabajo social rechazan tener que dirimir entre quién merece asistencia sanitaria y quién no. Según ha explicado Mato esta mañana, los inmigrantes en situación irregular recibirán atención primaria siempre que así lo acuerden las autonomías con las asociaciones y entidades que atienden al colectivo. Esto implica, denuncia el vocal en sanidad del CGTS, Daniel Gil, que los servicios sociales de los ayuntamientos, que suelen gestionar de forma integral la asistencia sanitaria y social, se vean desbordados. “Cómo van a dirimir sino entre quien merece la asistencia y quien no?”, denuncia. Por su parte, la presidenta del CGTS, Ana Lima, recuerda la situación es paradójica, porque el Gobierno prevé reducir a prácticamente la mitad (de 28.858 en 2011 a 16.593) los puestos de trabajadores sociales municipales, en los Presupuestos Generales que se están tramitando. El proyecto de ley contempla recortar un 42,4% el Plan Concertado con los Ayuntamientos. Gil añade que la reforma hace trizas la integración socio-sanitaria, muy presente en la atención municipal y que Mato aseguró reforzaría a nivel estatal, en su primera comparecencia como ministra de Sanidad en el Congreso. El Real Decreto que ratificará el Congreso en unos días por la vía de urgencia expulsa de la atención primaria y especializada a inmigrantes sin papeles y a los mayores de 26 años que no hayan cotizado. Pero mantiene su acceso a los servicios sociales. “El problema es gordo”, iniste Gil. Por ejemplo, los enfermos mentales que viven en residencias públicas, albergues o pisos tutelados, ¿cómo podrán continuar beneficiándose de esas prestaciones si dejan de recibir la medicación que necesitan? “Los trabajadores sociales que trabajamos en el ámbito sanitario atendemos a muchas personas con esquizofrenia u otras enfermedades mentales que necesitan la medicación, no pueden pagársela, y sin ella es prácticamente imposible su integración”, denuncia. Gil asegura que los profesionales del trabajo social seguirán dando cobertura al colectivo, porque lo marca su código deontológico. Así lo han venido haciendo. En algunas autonomías como la Comunidad de Madrid, “los recortes no pillan de sorpresa” a los trabajadores sociales, explica. “Hace años que a los parados que habían agotado los subsidios de empleo les teníamos que tramitar una tarjeta sanitaria para personas sin recursos”, asegura. Alrededor de 4.000 trabajadores sociales ejercen en el ámbito sanitario. Precisamente, desde mañana hasta el sábado, la Asociación Española de Trabajo Social y Salud celebra en Zaragoza su XI Congreso, que coincide con el 25 aniversario de su nacimiento. El CGTS y la Asociación firmaron un convenio de colaboración el año pasado.