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Los trabajadores sociales reivindican el Estado de Bienestar y rechazan los recortes

viernes 18 de mayo de 2012
El V Foro Nacional de Derechos Sociales y Dependencia, que se ha celebrado hoy en Cádiz, ahonda en las graves consecuencias del tijeretazo para la cohesión social
Los trabajadores sociales rechazan los recortes sociales que están previstos en los Presupuestos Generales del Estado. La demanda de ayudas sociales se ha disparado con la crisis. Al contrario de lo que está sucediendo, el Consejo General del Trabajo Social (CGTS), que hoy ha celebra en el Palacio de Congresos de Cádiz su V Foro Nacional de Derechos Sociales y Dependencia, reclama incrementar las ayudas. “A más crisis más servicios sociales”, ha insistido la presidenta del CGTS, Ana Lima. Lima ha destacado el papel fundamental del V Foro Nacional de Derechos Sociales en un contexto de crisis y recortes como el actual. También la presidenta del Consejo Andaluz del Trabajo Social, Ana Muñoz, ha reivindicado la figura del colectivo de trabajadores sociales para evitar que más personas queden excluidas. El colectivo de trabajadores sociales advierte que “hay que parar el proceso antes de que sea demasiado tarde”. En la inauguración, también ha intervenido la directora general de Servicios Sociales de la Concejalía de Sanidad de la Junta de Andalucía, Ana Gómez. “Debemos defender un sistema de Servicios Sociales que tanto nos ha costado construir”, ha recalcado. Tras la inauguración, el Foro ha arrancado con la ponencia marco, que ha impartido el profesor de Economía de la Universidad de Sevilla Juan Torres. Según ha argumentado, sí hay alternativas a los recortes. Entre las medidas, Torres reivindica una reforma de las finanzas internacionales, dedicar la economía actividades más productivas y sostenibles, combatir la desigualdad mediante impuestos sobre la renta y luchar contra “la mitificación del dinero y el cultivo del egoísmo”. En el Foro también se han abordado los programas de Rentas Mínimas. La profesora de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra Begoña Pérez ha defendido las políticas redistributivas como “un elemento en sí integrador”. Pérez insiste en que no hay que abandonar las políticas activas destinadas a la búsqueda de empleo. Aunque ahora apenas se creen puestos de trabajo, Pérez reclama una “perspectiva estratégica, preparando a los más excluidos para la próxima fase expansiva del mercado de trabajo”. Por su parte, Gustavo García, de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha exigido al Gobierno una “norma estatal de mínimos”. El baremo para analizar los servicios sociales autonómicos que ha elaborado la asociación muestra una “enorme disparidad” entre los diferentes territorios. En general, las autonomías del norte de la península tienen sistemas mejor desarrollados que las del sur. Según el análisis realizado con datos de 2011, Castilla y León está a la cabeza, obtiene una puntuación de 6,9 sobre 10. Canarias es el farolillo rojo. García insiste en que “los servicios sociales no han generado ningún déficit en ninguna autonomía”. Y pone como ejemplo el caso de la Comunidad Valenciana y Canarias, que pese estar a la cola en desarrollo de políticas sociales están más endeudadas que Castilla y León, Euskadi y Navarra, con políticas sociales muy implantadas. Por su parte, Miguel Ángel de Prada, del colectivo Ioé, ha denunciando que los hogares pobres con deudas pendientes tienen una carga de deuda 17 veces mayor que los hogares ricos. Según ha destacado, la crisis está invisibilizando el trabajo doméstico y los cuidados, lo cual ha hecho que las estadísticas muestren una falsa igualdad en el reparto de estas tareas. El coordinador de Estudios de Cáritas y de la Fundación Foessa, Francisco Lorenzo, ha alertado de que la tasa de pobreza en España (21,8%) es una de las más elevadas de la Unión Europea. A ello hay que sumar que cada vez hay más pobres y “los pobres son más pobres”. Lorenzo destaca que se ha producido una pérdida de bienestar, una pérdida de derechos sociales básicos y mayor exclusión social. Por otra parte, la jefa de programas de la Dirección Municipal de Asuntos Sociales de Cádiz, Carmen Almadana, y la coordinadora general de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Pilar Tubio, han reivindicado el papel del trabajo social como un agente de cambio. Según han explicado, los servicios municipales han diagnosticado un descenso de las rentas medias y un crecimiento de la desigualdad. Según han asegurado, cerca del 41% de las familias no pueden hacer frente a gastos imprevistos y “la economía sumergida y la red de apoyo familiar están salvando a un buen número de personas y familias de la exclusión”. Por su parte, el portavoz de la Coordinadora Estatal de las Plataformas de la dependencia, Jaime Esteban, ha acusado al Gobierno de haber “roto el consenso social y político con que nació la ley”. Según argumenta, la moratoria en la aplicación de la ley a los dependientes moderados ha servido de excusa a las autonomías para sacar del sistema a aquellos dependientes en esta situación que ya estaban evaluados pero les tenían que decir qué tipo de ayuda se les concedía. Esteban también ha arremetido contra la supresión de la partida de financiación de nivel acordado, que representa alrededor del 20% de la aportación estatal al sistema. El portavoz de la plataforma alerta de que estas medidas retrasarán aún más la resolución de expedientes, aumentando por tanto el número de personas que están a la espera (unas 300.000) y empujará a las mujeres a dedicarse al cuidado de los dependientes. Esteban solicita la “insumisión” de los gobiernos autonómicos frente a la moratoria para garantizar la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia. Según defiende que hay que apostar por la Ley de Dependencia porque “es una inversión social que genera importantes retornos económicos y sobre el empleo”.