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Decálogo de propuestas desde el Trabajo Social Asturiano a las Políticas Sociales_Elecciones 2019

viernes 5 de abril de 2019

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias te trasladamos las propuestas a las políticas sociales que hemos confeccionado de cara a las elecciones.

El Sistema de Servicios Sociales, también denominado IV Pilar del Estado de Bienestar, persigue construir una sociedad más inclusiva y sostenible. Para ello, es necesario garantizar el derecho de todas las personas a los Servicios Sociales, a través de la planificación de políticas sociales y la elaboración de normativas que definan competencias y articulen su estructura en los diferentes ámbitos de la administración pública, además de ampliar su cobertura para atender las nuevas y crecientes necesidades sociales.

Por ello, proponemos la firma de un pacto social para lograr una sociedad cohesionada, más justa y equitativa, fortaleciendo su Sistema Público de Servicios Sociales. Para desarrollarlo, los partidos políticos y las administraciones públicas competentes, deben de comprometerse a:

DESCARGA AQUÍ EL DECÁLOGO COMPLETO CON NUESTRAS PROPUESTAS

1. Desarrollar normativamente los Servicios Sociales en el Principado de Asturias a través de una ley de tercera generación que declare los Servicios Sociales como un derecho, y establezca unos servicios sociales comunes para todo el territorio de la CCAA, reconociendo derechos subjetivos en la ley, para lograr la cohesión y la justicia social.

2. Avanzar hacia un Sistema de renta básica universal independiente del sistema de servicios sociales y mientras se accede a ello, garantizar el salario social básico a la ciudadanía sin ningún tipo de ingresos o con escasos ingresos, con una cuantía suficiente, una tramitación ágil y la simplificación de la documentación requerida y la garantía de acceso a los programas destinados a la inserción social y laboral de las personas perceptoras.

3. Garantizar el acompañamiento y el apoyo Profesional a la Ciudadanía. La intervención profesional un valor fundamental del sistema. Conceder más importancia a la intervención profesional que a las prestaciones económicas, fortaleciendo el sistema con ratios de profesionales adecuados, Ampliar el número de profesionales del Trabajo Social, y dedicar tiempos para intervención preventiva y comunitaria. Como garantía de atención, establecer en la ley el/la Trabajadora Social como profesional de referencia en los servicios sociales de base.

4. Multidisciplinariedad para responder de forma integral. Fortalecer el proceso de atención social desde una perspectiva integral a través de equipos multidisciplinares en los Centros de Servicios Sociales de atención primaria, para dar respuesta a la prevención y el trabajo comunitario que nos está exigiendo la ciudadanía y que eleve la calidad y la respuesta de los Servicios sociales actuales.

5. Hacer de la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, una prioridad. Reforzar el desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, estableciendo entre otras actuaciones los acuerdos y compromisos entre administraciones que sean necesarios. Debe considerarse prioritario eliminar las situaciones de desprotección y desatención derivadas de las listas de espera, incrementando el personal de trabajo social y otros profesionales precisos para ello.

6. Garantizar los derechos vitales, para poder mantener una vida digna, estableciendo un catálogo de prestaciones y servicios, con una parte garantizada como derecho subjetivo, cooperando con los Ayuntamientos para avanzar en la armonización de los aspectos legales y procedimentales de las ayudas económicas de emergencia municipal, todo ello para lograr que la ciudadanía asturiana tenga una vida digna.

7. Incrementar la calidad del sistema público de servicios sociales al alcance. Realizar una carta de servicios que desarrolle el carácter preventivo y comunitario del sistema público de servicios sociales con estándares de calidad, instrumentos de evaluación públicos, ratios de atención y mecanismos de coordinación, así como un modelo de financiación transparente y suficiente, con una parte garantizada por reglamento y/o decreto como derecho subjetivo.

8. Infancia y juventud, colectivos prioritarios. Reforzar la estructura de protección de menores con profesionales técnicos formados, fortalecer la red de hogares y residencias asegurando su objetivo protector, hacer efectivo una red de familias acogedoras de emergencia y temporales para los menores entre 0 y 6 años, menores no acompañados y garantizar la cobertura de las necesidades de quienes cumplan los 18 años y han estado bajo la tutela del Principado.

9. Potenciar la Agilidad, eficiencia y eficacia, estableciendo un modelo unificado de Centro de Servicios Sociales Municipales, con estructura, personal técnico y administrativo por ratio de población e indicadores sociodemográficos de dificultad social. Dotar de personal suficiente a los centros para garantizar a la ciudadanía la respuesta cercana, adecuada y rápida de sus necesidades sociales. Planificar los servicios sociales especializados con un criterio de cercanía a la ciudadanía y continuar incrementando la Coordinación entre sistemas, tanto socio-sanitario como con educación y justicia, favoreciendo la atención integral a las familias de nuestra CCAA. Cada sistema se tiene que ocupar de sus competencias, evitando convertir al sistema público de servicios sociales en subsidiario cuando fallan los demás.

10. Garantizar la participación de la sociedad civil. Apoyar la participación directa de la sociedad civil en la programación, control y evaluación de los servicios sociales retomando el Consejo Regional de Servicios Sociales que fue eliminado por la Ley 9/2010, de Acompañamiento de los Presupuestos.

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