El Colegio expresa su consternación por el presunto asesinato de una profesional de la intervención social, reclamando más protección

Fuente: Consejo General del Trabajo Social www.cgtrabajosocial.es

Enlace: https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/exigimos-proteccion-exigimos-justicia/13237/view

MANIFIESTO Exigimos protección. Exigimos justicia.

Con profundo dolor y consternación, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amistades y compañeras/os de la educadora presuntamente asesinada en el ejercicio de su labor en un piso de menores esta pasada noche en Badajoz (Extremadura).

Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y nos solidarizamos con el colectivo de profesionales de la intervención social que ejercen en contextos de menores infractores, que día a día trabajan en condiciones de gran exigencia y vulnerabilidad para garantizar la protección de los y las menores en pisos de cumplimiento de medidas judiciales.

Este suceso evidencia, una vez más, las precarias condiciones en las que las y los profesionales de la intervención social desempeñan su labor en los contextos del sistema de protección y de cumplimiento de medidas judiciales de menores. La falta de recursos, la sobrecarga de trabajo y la ausencia de medidas de seguridad adecuadas exponen a las profesionales a situaciones de alto riesgo que no pueden ni deben ser ignoradas. Es inaceptable que quienes dedican su vida a la reinserción y protección de menores tengan que hacerlo en un entorno donde su propia integridad física no está garantizada.

En el desarrollo de este ámbito profesional es frecuente que no se pueda interponer recurso, denuncia y por lo tanto sanción, por lo que el resultado es que muchas veces no se denuncia. Parece ser que en este caso la gravedad se intensifica porque ya existían denuncias previas. Además, donde ya hay medidas judiciales previas pueden desencadenarse problemas de conducta, incluso graves, por lo que en ocasiones hay que hacer contenciones persona/ persona y se requiere también de apoyo terapéuticos.

En estos contextos de alta complejidad, se dan necesidades que no siempre pueden ni deben ser cubiertas. Esto lleva a una necesaria reflexión en cuanto a la existencia de un recurso de mayor contención, en estos casos debería de hacer una ratio de 1 profesional /1 persona y no de 1 profesional / 4 personas con lo que esto implica en términos de incumplimientos de ratios.

Es importante reivindicar que los y las diferentes profesionales que trabajan con menores en situación de desprotección necesitan un entorno adecuado y seguro para ejercer su trabajo, los y las menores con las que trabajamos tienen unas necesidades que precisan de recursos adecuados desde los/las que atenderles. Advertimos de una necesaria reflexión a las Administraciones públicas que en muchos casos externalizan servicios, que son estas las últimas responsables del cuidado y de las condiciones laborales y de atención que tanto menores como profesionales precisan.

_En este sentido, es urgente y necesario que se adopten medidas concretas que refuercen la seguridad en estos recursos, dotándolos de personal suficiente y protocolos efectivos que minimicen los riesgos a los que se enfrentan las profesionales de la intervención social. Asimismo, instamos a las Administraciones públicas a valorar la necesidad de una reforma legislativa que establezca garantías específicas para la protección de estas profesionales, reconociendo la complejidad y el riesgo inherente a su labor.__

Desde nuestro compromiso con la justicia social, exigimos respuestas inmediatas que eviten que tragedias como esta vuelvan a repetirse. Nos sumamos a las reivindicaciones de las educadoras, educadores y todas las y los profesionales que desempeñan sus funciones en pisos tutelados de cumplimiento de medidas judiciales, centros de protección, de acogida inmediata… Necesitamos entornos seguros que cuiden a las y los profesionales para que puedan ejercer su trabajo con las máximas garantías, porque no hay que olvidar que su dedicación y esfuerzo son imprescindibles para construir una sociedad más justa y equitativa.

Reiteramos nuestro apoyo a la familia de la víctima y a sus compañeras y compañeros en este momento de dolor. No podemos permitir que este crimen quede en el olvido ni que se normalicen las condiciones de desprotección en las que trabajan estas profesionales. La seguridad de quienes cuidan y educan ha de ser una prioridad absoluta.

En estos casos, una vez más, demandamos a las Administraciones públicas reconozcan a los y las profesionales de la intervención social como autoridad o funcionarios/as públicos. Esto garantizaría una mayor protección legal ante agresiones y amenazas, permitiendo que estos actos sean otra figura delictiva y sean considerados delitos de atentado, resistencia o desobediencia, según el Código Penal. A pesar de la falta de regulación general parece razonable esperar que en cada caso concreto en que se produzcan amenazas o agresiones los y las funcionarios deberán contar con esta protección penal.

Sin embargo, sigue existiendo un vacío legal para quienes trabajan en entidades privadas contratadas por la Administración, ya que no cuentan con la misma protección. Un buen ejemplo de buena praxis legislativa en esta línea es la Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de Aragón, que reconoce la autoridad de los profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón.

Exigimos protección. Exigimos justicia”.

El Colegio ya reivindicó