El IMAS reclama cobros indebidos a 1.511 familias de dependientes

El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) reclama el cobro de ayudas indebidas a 1.511 familias con personas dependientes a su cargo, según datos de 2013 que recoge el Tribunal de Cuentas en un informe que analiza la aplicación de la Ley de Dependencia en toda España. Desde 2011, el IMAS ha requerido el reintegro de importes pagados indebidamente a 5.874 beneficiarios, de los que a cierre del año pasado todavía estaban sin resolver 1.511. En la mayoría de los casos, se trata de ayudas percibidas tras el fallecimiento de la persona dependiente.

Por lo general, tras estos cobros no se esconde una actuación fraudulenta de las familias, sino un problema en la actualización de los datos de los beneficiarios, sostiene el Colegio de Trabajo Social. «Las familias notifican el fallecimiento, pero si lo hacen cuando las nóminas ya están tramitadas, los pagos correspondientes al siguiente mes ya no se pueden paralizar», explica Lorenzo Gutiérrez, portavoz de esta institución. De este modo, la única manera que tiene el IMAS de no perder esas cantidades es reclamando el reintegro.

En todo caso, las actuaciones del IMAS encaminadas a recuperar el dinero cuando paga una prestación a un beneficiario ya fallecido contrastan con su inacción a la hora de abonar a los herederos de los dependientes el dinero que por ley les corresponde cuando éstos mueren sin haber llegado a recibir ayudas a las que tenían derecho por ley. ‘La Verdad’ ha recogido en las últimas semanas dos sentencias que censuran a la Comunidad Autónoma por esta situación. La última, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Murcia, dio la razón a una viuda que reclamaba los 10.159 euros que su marido no llegó a cobrar en vida por culpa del retraso de la Administración en la tramitación de su solicitud. Tras estos varapalos judiciales, el IMAS anuncia un «plan de pagos» para hacer frente a las reclamaciones y saldar sus deudas.

Falta de presupuesto

El informe del Tribunal de Cuentas aborda numerosos aspectos de la aplicación de la Ley de Dependencia, y censura que varias comunidades autónomas, entre ellas la Región de Murcia, incumplan los plazos legalmente establecidos para el reconocimiento de las prestaciones por «carencia de recursos económicos suficientes para atender a la totalidad de los demandantes». El Gobierno regional admite abiertamente esta realidad, según señala el informe. El Tribunal advierte de que a esta situación se llega, tanto en Murcia como en otras comunidades, por «una deficiente presupuestación anual de los recursos necesarios para atender puntualmente las prestaciones de dependencia y la no utilización de los instrumentos presupuestarios previstos legalmente para efectuar modificaciones de crédito».

Según el informe, la Comunidad destinó 91 millones de euros al mantenimiento del sistema frente a 124 del Gobierno central. Estos datos fueron cuestionados cuando se conoció, en marzo, el borrador previo al documento actual. Según la Asociación de Directores de Servicios Sociales, se cuantifica como gasto del Estado dinero que en realidad corresponde con financiación autonómica.