El IMAS reduce en un 80% la concesión de nuevas ayudas de la Dependencia

El 30% de los dependientes aún no reciben ayudas pese a tener el derecho reconocido; 3.000 personas llevan más de dos años y medio esperando.

Las cifras

• 27.449 personas reciben en la Región alguna ayuda de la Dependencia.
• 5.081 usuarios disponen de teleasistencia, 1.035 menos que hace un año.
• 3.170 personas son usuarias de una residencia, 85 más que hace un año.
• 19.177 personas reciben ayudas económicas, 2.585 menos que en 2012
• 3.187 personas son usuarias de centros de día, 316 más que en 2012

Fernando Mateo, Director del IMAS
“Hemos apostado por los servicios”

Fernando Mateo reconoce que el acceso a prestaciones económicas se ha restringido al máximo, pero asegura que ello se debe a un intento por “reorientar la Ley de Dependencia” y enfocarla a los centros de día y las residencias, fundamentalmente. “Hemos apostado por los servicios”, explica. El IMAS cierra el año sin conceder las ayudas a unas 3.000 personas que llevan ya esperando más de dos años y medio, superando todos los plazos establecidos por la ley. Mateo asegura que los afectados se irán incorporando al sistema a lo largo de 2014. El presupuesto del IMAS se beneficiará de una inyección de 18 millones por parte del Gobierno central, que ha reconocido a 3.600 dependientes que hasta ahora no figuraban en sus estadísticas y por los que no pagaba.

Lorenzo Gutiérrez, Colegio de Trabajo Social
“El problema es político, no solo económico”

El portavoz del Colegio de Trabajo Social, Lorenzo Gutiérrez, denuncia que falta voluntad a la hora de aplicar la Dependencia en la Región. El problema “no es solo económico, sino político”, lamenta. El 30% de los dependientes murcianos siguen a la espera de recibir sus ayudas. La situación “no se afronta con medidas como las del PP de Castilla León, que promueve el acuerdo entre sindicatos, empresarios y Gobierno para favorecer la creación de empleo y la atención a las personas en situación de dependencia. Se mira para otro lado, y se restringe el derecho vía Boletín Oficial, sin informar adecuadamente a la población”. Los trabajadores sociales acusan al Gobierno regional de “limitar el acceso a los servicios y prestaciones” y de incumplir los plazos legales.