La Defensora del Pueblo reclama de nuevo el desarrollo de la renta básica

Hasta en dos ocasiones se ha dirigido en los últimos meses la oficina de la Defensora del Pueblo a la Consejería de Sanidad y Política Social para recordarle su compromiso de desarrollar la Ley de Renta Básica –que lleva ya siete años paralizada– y para solicitarle que aclare si ha llevado a cabo algún avance al respecto. El 3 de octubre, la Defensora pidió a la Comunidad «remisión urgente» de información ante «la tardanza» en ofrecer detalles sobre la puesta en marcha de la normativa. El día 16 de diciembre se envió una segunda misiva «ante la falta de respuesta».

«Esta institución se ve obligada a recordar por segunda vez a la Administración su inexcusable deber de colaboración», advirtió la Defensora. De ambas actuaciones se dio cuenta al Colegio de Trabajo Social, que es quien denunció en 2013 la paralización del reglamento de la Renta Básica, que debería estar aprobado desde 2007 según consta en el articulado de la propia ley.

La institución que preside Soledad Becerril dio la razón en su día al Colegio y pidió explicaciones a la Consejería de Sanidad y Política Social, que respondió aduciendo que «se ha paralizado la publicación [del reglamento] ante la imposibilidad de asumir en el momento actual el costo de las medidas complementarias» recogidas en la normativa. Entre otras cosas, aprobar el reglamento supondría aumentar en 100 euros mensuales la cuantía de las ayudas de renta básica, dirigidas a personas en situación de exclusión que carecen de cualquier tipo de ingreso. A día de hoy, y fruto de la paralización reconocida por la propia Consejería, las ayudas mínimas que se ofrecen en Murcia son las más bajas de España, al no superar los 300 euros.

Los argumentos de la Consejería no convencieron a la Defensora del Pueblo, que hace ahora un año le recordó al Gobierno regional que «existe un mandato legal» para la aprobación del reglamento, y que «una situación económicamente determinada no puede eximir del cumplimiento de una disposición legalmente establecida ya en el año 2007».

Cuando Alberto Garre formó nuevo gobierno tras la marcha de Valcárcel, su consejera de Sanidad, Catalina Lorenzo, se estrenó comprometiéndose ante la Defensora a desatacar la Renta Básica, dando «traslado al Instituto Murciano de Acción Social para que adopte las medidas necesarias para el impulso de la aprobación del decreto de desarrollo de la Ley». La Defensora informó al Colegio de Trabajo Social de este anuncio. Catalina Lorenzo también asumió el compromiso públicamente, en unas declaraciones a ‘La Verdad’. «Habrá que tomar cartas en el asunto. Si hay que desarrollar la norma, habrá que hacerlo. A los imperativos legales hay que darles cumplimiento. Para eso hemos jurado cumplir con las leyes», señaló.

Pero en septiembre, el compromiso se aparcó y la Consejería renunció a aprobar el reglamento antes del fin de esta legislatura. Fuentes del IMAS admitieron que se está revisando el texto que se elaboró en su día, como desveló ‘La Verdad’.

«Aumenta el presupuesto»

La Consejería explicó ayer que hay «un grupo de trabajo» reelaborando el reglamento, y subrayó que la partida para ayudas de renta básica ha aumentado un 29% en los presupuestos de 2015, pasando de los 6,7 millones que se consignaron en 2014 a 8,7. «Eso es lo principal, tener rec ursos para poder ir dando respuesta a las necesidades», defendieron fuentes de la Consejería. Por su parte, el Colegio de Trabajo Social denunció que «cada día que pasa, incumplir la ley supone un beneficio económico para el Gobierno regional».