Los dependientes del PV ganan el 95% de los casos judiciales ante la Administración

Según Aerte, algunos ejemplos de situaciones que afectan a las personas dependientes de la Comunidad Valenciana son la falta de resolución de las prestaciones de atención a la dependencia en Valencia existen más de 13.000 expedientes sin resolver los problemas en su ejecución y impagos de ayudas, y la desinformación y las dificultades en la libre elección de centro y servicio, situaciones provocadas, según señala la entidad, por la “ineficacia” de la Administración valenciana.

Aerte ha celebrado esta semana una jornada informativa abierta a profesionales, usuarios y familiares de personas dependientes, con el objetivo de informarles sobre cómo proceder para lograr la resolución de situaciones difíciles.

Durante esta jornada se han explicado los diferentes mecanismos y vías para este fin. Así, para los operadores ha aconsejado, entre otros aspectos, coordinarse para lograr objetivos comunes y recurrir al Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano (TSJCV) en caso de que no logren solucionar sus situaciones por vía administrativa.

En cuanto a los solicitantes y beneficiarios de las ayudas a la dependencia, se ha aconsejado “exigir sus derechos, presentar quejas por falta de resolución, recurrir por vía administrativa y judicial en caso de falta de satisfacción de las mismas o elegir conforme al criterio profesional el recurso más adecuado y la modalidad de ayuda que más le convenga, ya que así lo establece la Ley”. En este sentido, si el interesado no considera adecuada la plaza adjudicada en la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), la ley establece que “se reconoce al beneficiario el derecho a obtener la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PVS)”, apuntan.

Asimismo, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes recuerda que una reciente sentencia del TSJCV señala que los beneficiarios de las ayudas de la Ley de Dependencia “ tienen libertad para elegir, dentro de la prestación residencial, una modalidad diferente de las plazas concertadas, con el fin de elegir el centro o profesional que considere más adecuado a sus necesidades, ya que lo que prevalece es el derecho del dependiente para la libre elección de centro”.

La judicial, la única vía eficaz

La jornada concluyó con la idea de que la solución jurídica es “la única vía para salvaguardar los derechos, tanto de las personas dependientes como de los profesionales que los atienden”, ya que la Administración, “siempre basándose en la falta de presupuesto, termina por no resolver todas estas situaciones irregulares que se están produciendo”, y que los tribunales están resolviendo de forma favorable para los dependientes en más de un 95 por ciento de los casos.

“Alguien consideraría normal que no se le concediera una plaza escolar a un niño argumentando motivos presupuestarios?”, Cuestionan. “Lamentablemente es lo que ocurre con la dependencia. No se puede olvidar que es un derecho por Ley, por esto Aerte continua luchando para que esta obviedad tenga la aplicación que se necesita y corresponde”.