Reacciones a la noticia de las sentencias condenatorias en materia de dependencia

Consejería de Sanidad y Política Social (Fuente: La Verdad)

El IMAS crea un grupo de trabajo para hacer frente a la posible acumulación de reclamaciones.

La consejera de Sanidad y Política Social, Catalina Lorenzo, justificó ayer la paralización que desde 2012 han sufrido miles de solicitudes de ayuda económica de la Dependencia por la «falta de ingresos» y el «déficit de financiación» que sufre la Comunidad Autónoma. Lorenzo hizo estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación, después de que ‘La Verdad’ desvelase que dos sentencias judiciales han condenado al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) por «retraso culpable en la tramitación» de estas prestaciones. La magistrada que firma ambos fallos, titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 8 de Murcia, acusa a la Comunidad de haber superado ampliamente los plazos previstos en la ley «sin causa alguna» que lo justifique y pese al riesgo evidente de que muchos dependientes fallezcan antes de llegar a recibir las ayudas, como de hecho ha ocurrido en centenares de casos.

Las dos sentencias no crean jurisprudencia, pero abren un resquicio para que los más de 11.000 dependientes que están a la espera de las prestaciones- algunos de ellos desde 2011- puedan reclamar los importes que no han cobrado por culpa de la paralización de sus expedientes. Incluso podrían exigir una indemnización, ya que se declara la «responsabilidad patrimonial» de la Administración. Además, una de las dos sentencias reconoce el derecho de los herederos de una mujer dependiente ya fallecida a cobrar las ayudas que la solicitante no llegó a recibir en vida por culpa de los retrasos del IMAS. Catalina Lorenzo no quiso valorar ayer estas sentencias, pero sí anunció la creación de un «grupo de trabajo» para abordar la situación creada tras los varapalos judiciales. Recordó, además, que los expedientes paralizados se han empezado a desbloquear en abril, como también adelantó ayer ‘La Verdad’.

PSOE: «Ya hay cinco fallos»

Por su parte, la diputada del PSRM-PSOE Teresa Rosique aseguró que con las dos sentencias publicadas ayer por este periódico serían ya cinco los fallos judiciales que condenan al IMAS por la aplicación de la Ley de Dependencia. La diputada subrayó que los tribunales están dejando «patente cómo el plazo de seis meses que la Administración regional tiene por ley para resolver los expedientes ha sido sistemáticamente incumplido», y cómo el IMAS, «aprovechándose de su propio incumplimiento, ha venido aplicando con carácter retroactivo los sucesivos e imparables recortes aprobados».

Consejería de Sanidad y Política Social (Fuente: La Opinión)

Sanidad admite que el Sistema de Dependencia no mejora el servicio.

Dos sentencias obligan a la Comunidad a pagar las prestaciones concedidas que no había abonado.

La consejería de Sanidad y Política Social admitió ayer que «el Sistema de la Dependencia «no ha cumplido con los objetivos para los que fue creado», pues recalcó que «ni se ha generado empleo, ni se han potenciado los servicios».

De esta forma respondía el Gobierno regional a dos sentencias dictadas recientemente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Ocho de Murcia, en las que da la razón a los familiares de dos dependientes que habían demandado por la vía judicial el derecho a percibir el dinero de las prestaciones reconocidas que no fueron abonadas en su momento por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) debido, primero, al retraso en la tramitación de los expedientes, y luego a que éstos fueron archivados al morir las beneficiadas, como suele hacer sistemáticamente la Comunidad.

Las sentencias podrían suponer un precedente peligroso para la Comunidad Autónoma, ya que podría abrir la veda y causar que numerosas familias en la misma situación se lancen a los juzgados para reclamar la ayuda que se concedió en su día y no se abonó.

La consejería de Sanidad y Política Social asegura que respeta la independencia del poder judicial y que, por tanto, acata las sentencias. No obstante, fuentes de la Consejería justifican que «durante 2012 y gran parte de 2013, la ausencia de ingresos y la deficitaria financiación por parte del Estado ha dejado al Sistema de Dependencia en una situación límite».

No obstante, desde el Gobierno regional señalan que hoy en día «la situación se está normalizando poco a poco, y el pasado mes de abril entraron más de 200 nuevos dependientes al sistema», añadiendo que «la previsión es que una cifra similar de nuevos beneficiarios vaya entrando cada mes en el Sistema de Dependencia hasta final de año».

En la Región de Murcia hay, actualmente, 27.000 personas recibiendo algún tipo de prestación por la Dependencia (ayuda económica, centro de día, residencia, teleasistencia, etc), según fuentes de la consejería de Sanidad.

Las mismas fuentes indicaron que son más de 220 millones de euros los que se destinan cada año en ayuda a dependientes de la Región de Murcia.

PSOE

*El PSOE pide la comparecencia de la consejera para que dé cuenta de las sentencias judiciales contra la Comunidad por la incorrecta aplicación de la Ley de Dependencia *

La diputada, Teresa Rosique afirma que, según la información de que dispone el PSOE, son ya 5 los fallos judiciales que dan la razón a los dependientes que reclamaron sus derechos.

La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha solicitado la comparecencia de la consejera de Sanidad y Política Social, Catalina Lorenzo, para que dé cuenta de las sentencias judiciales contra la Comunidad Autónoma por la incorrecta aplicación de la Ley de Dependencia en la Región.

Rosique manifestó que “los tribunales de Justicia están dejando al descubierto la negligente e injusta aplicación de la Ley de Dependencia en nuestra Comunidad por parte del IMAS”. De hecho, están dando la razón a reclamaciones de los dependientes o de sus familiares, respecto a los recortes realizados en esta materia desde la Administración regional.

En 2013 fueron tres las resoluciones judiciales que fallaron en contra de la Comunidad Autónoma, a las que se han sumado otras dos sentencias en lo que va de 2014.

La diputada socialista señaló que en estas sentencias judiciales “queda patente cómo el incumplimiento del plazo de seis meses que la Administración regional tiene por ley para resolver los expedientes ha sido sistemáticamente incumplido. La Administración regional, aprovechándose de su propio incumplimiento, ha venido aplicando con carácter retroactivo los sucesivos e imparables recortes aprobados tanto por el Gobierno de España como por el Gobierno regional”.

Rosique señaló que términos como “retraso culpable en la tramitación del procedimiento que adquiere la condición de daño antijurídico” o “fue rebasado en más del doble sin que la Administración hubiere cumplido su obligación y sin que haya alegado o probado causa alguna que le haya impedido su observancia”, o esta otra: “funcionamiento anormal de la Administración, incompatible con los estándares de razonabilidad” son expresiones utilizadas en las dos últimas sentencias para justificar el fallo contra la Comunidad Autónoma y dar la razón a los reclamantes.

En diciembre de 2012, el entonces defensor del Pueblo ya advirtió a la Comunidad que aplicar con carácter retroactivo los recortes en materia de dependencia a personas que habían superado ya el plazo de 6 meses, en que la Administración está obligada a resolver sus expedientes, suponía prevaricar. A pesar de dicha advertencia, el IMAS siguió adelante “con esta injusta actuación”, que ahora han anulado los tribunales de Justicia.

Teresa Rosique aseguró que “hoy más que nunca está justificada la petición que el PSOE ha realizado para que se cree una Comisión de Investigación en la Asamblea Regional un instrumento que analice la aplicación de la Ley de Dependencia en nuestra Comunidad, algo que ha rechazado el PP con su mayoría de votos”.

La parlamentaria socialista agregó que la consejera debe dar explicaciones en la Asamblea sobre los fallos judiciales en contra de la Comunidad Autónoma por la incorrecta aplicación de la Ley de Dependencia. Asimismo, debe aclarar qué actuaciones va a llevar a cabo para corregirlos, no solo en los casos que cuentan ya con una sentencia judicial, sino además en todos aquellos de similares características con los que también se esté incumpliendo esta Ley, aunque no se hayan producido reclamaciones.

UPyD

UPyD afirma que la Consejería “queda en evidencia” tras las sentencias condenatorias por paralizar ayudas a la Dependencia

Fuensanta Máximo critica la “falta de sensibilidad” del Gobierno regional “hacia los más vulnerables”.

La responsable regional de UPyD, Fuensanta Máximo, considera que la Consejería “queda en evidencia” tras conocerse las sentencias que condenan al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) por la interrupción a lo largo de varios años de los expedientes de dependientes que pidieron la prestación económica.

En este sentido, Máximo indica que las sentencias reconocen explícitamente que hay un mal funcionamiento de la Administración, culpándola de la demora en la tramitación de las ayudas, “lo que resulta un hecho muy grave”, y más si cabe cuando “el IMAS no cita ni aporta motivos que le hayan imposibilitado la resolución dentro de los plazos estimados en la normativa”.

Igualmente, la portavoz regional explica que las sentencias reconocen que el plazo de seis meses para resolver las solicitudes de los expedientes se ha excedido en más del doble, sin que el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) “haya cumplido con su obligación”, y atreviéndose incluso a archivar los expedientes cuando los solicitantes fallecen, lo que representa una “mala práctica y un gran perjuicio para los familiares de los dependientes ya fallecidos”.

Además, Fuensanta Máximo declara que comparte el diagnóstico del Colegio de Trabajadores Sociales que expresa que “el Gobierno regional y la Consejería de Sanidad y Política Social están aplicando la normativa de forma abusiva” porque el plazo que concedió el Gobierno central para que las prestaciones pudiesen paralizarse durante dos años, debería aplicarse, llegado el caso, siempre una vez resuelta la concesión en el ya mencionado plazo de seis meses a tener en consideración desde el momento de la solicitud.

Para Máximo, las sentencias vuelven a dejar de manifiesto “la falta de sensibilidad del Gobierno regional”, que prácticamente ha liquidado la Dependencia en los últimos dos años, así como critica que existan dependientes que, a pesar de tener sus ayudas concedidas, ya no las vayan a cobrar hasta el año 2016. “Es intolerable que los colectivos más desfavorecidos, entre los que están los dependientes, tengan un plus de sufrimiento en la crisis”.

En relación a la aplicación de la Ley, la portavoz de la formación magenta señala que los usuarios dependientes ya padecen desde 2012 la implantación, “de forma universal e indiscriminada”, de las tasas para la valoración de Dependencia, para la solicitud de reconocimiento, revisión y para la certificación del grado de discapacidad. “Las tasas resultan gravosas para unos colectivos que podrían tener serios problemas para asumirlas al recibir pensiones muy bajas, estar en situación de desempleo o disponer de escasos ingresos”. A todo esto, Máximo ha recordado que la implantación del copago en Dependencia “ha significado un nuevo y desafortunado revés para estos ciudadanos”.

Para finalizar, la responsable regional sostiene que “el Gobierno regional se empeña en no aplicar las prestaciones y servicios” que la Ley de Dependencia contempla, poniendo a sus ciudadanos en “un contexto de desprotección frente al resto, en una materia de protección social tan básica”.